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Grupos de inmigrantes protestaron el viernes ante el edificio de Gobierno en Phoenix, Arizona, por la aprobación de la ley que permite identificar mediante “duda razonable” a posibles inmigrantes ilegales. AFP
Washington. AFP La promulgación en Arizona de una ley sin precedentes que obliga a detener a los indocumentados amenaza con convulsionar el debate migratorio en Estados Unidos, donde viven 11 millones de personas sin papeles.
“Están sucediendo muchas cosas, pero tienen que suceder de forma adecuada. Si esto se vuelve algo partidista, todos vamos a salir perdiendo”, dice Bob Sakaniwa, director asociado de la Asociación de Abogados de temas migratorios.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó el viernes la ley SB 1070, que por primera vez en Estados Unidos obliga a la policía de un estado a identificar y detener a los migrantes ilegales.
Unos 460.000 indocumentados viven en Arizona, un estado fronterizo con México.
Vivir y trabajar en Estados Unidos sin papeles es ya de por si un delito, pero de ámbito federal.
Decenas de circunscripciones policiales tienen firmados acuerdos con el Gobierno federal para ejercer de policías migratorios, pero solo a partir otros delitos.
La nueva ley de Arizona obliga a los policías a detener a las personas a partir de “dudas razonables” de que puedan ser ilegales, sin más.
Si no lo hacen, pueden ser demandados por los ciudadanos del estado.
La ley es “irresponsable”, criticó el presidente Barack Obama, quien anunció que pedirá a su Departamento de Justicia que examine si viola los derechos civiles.
“El pueblo estadounidense merece una reforma integral y judiciosa”, dijo Obama.
La tensión en torno a los acontecimientos en Arizona tiene consecuencias peligrosas, según analistas y expertos que participan en los debates en Washington.
Solamente un senador republicano, Lindsay Graham, está negociando en estos momentos con otro demócrata, Chuck Schumer, un posible texto de reforma, basada en un programa de permisos de trabajo temporal, multas y obligación de aprender inglés para los que busquen la legalización y tarjetas de identificación.
Para los demócratas, cuyas perspectivas electorales en noviembre se anuncian difíciles, la tentación es romper la baraja y presentar un texto propio de reforma, como ya hicieron con la reforma de los servicios de salud o la bancaria.
Los líderes del Senado, Harry Reid, y de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apuntaron en esa dirección esta semana.
Los demócratas pueden “empujar ahora para luego decir durante la campaña electoral que al menos lo intentaron”, explica Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks, una coalición de empresarios que pelea por lograr una reforma migratoria.
Los republicanos lo tienen también complicado, puesto que son el partido minoritario y están también muy presionados por parte del nuevo fenómeno conservador, el llamado “Tea Party”.
De manera significativa, el Comité Nacional Republicano guardó silencio sobre la histórica medida de Arizona y una de las figuras del Partido y exdefensor de la reforma migratoria, John McCain, excandidato presidencial y senador precisamente por Arizona, ya dio su apoyo a la ley SB 1070.
Líderes de grupos hispanos, que recuerdan cada tanto a ambos partidos el peso electoral que tiene la comunidad, anuncian por su parte reuniones el lunes para preparar manifestaciones de protesta.
Dos grupos hispanos se disponen a presentar sendas querellas contra la ley que, afirman, criminaliza a los inmigrantes.
