Ilva es la mayor planta de fabricación de acero de Europa: en ella trabajan 11.000 personas y 9.000 dependen de su actividad.
Sin embargo, los hornos del Ilva están acusados de ser los responsables de causar tumores a la población y producir el 93% de todas las emisiones de partículas tóxicas en Italia, aseguran algunos informes.
La fiscalía de Taranto investiga 174 muertes de las 386 atribuidas a las emisiones de la fábrica y analiza 237 casos actuales de cáncer, 247 patologías coronarias y 937 enfermos de las vías respiratorias.
Los 11.000 empleados de Ilva, con sus familias, salieron a las calles y bloquearon las autopistas y vías del tren al grito de “prefiero morir de cáncer que de hambre”.
Mientras, los ciudadanos de Taranto y las asociaciones ambientalistas también han salido a la calle para pedir el cierre.
Uno de los peritos encargados de analizar la situación, Annibale Biggeri, explicaba que se ha comprobado una mayor mortalidad y hospitalizaciones en los barrios cercanos a la fábrica por motivos vinculados a las partículas industriales que estos respiran.
“Hemos comprobado que por estos motivos se produce un muerto cada tres meses en la zona”, agregó el especialista.
Otro de los aspectos que más asusta a la población es que los casos de tumores en edad infantil son un 25 % más que en cualquier otro lugar de Italia, explicó el perito.
En esta batalla social y económica el Gobierno italiano ha intentado mediar para evitar que se cierre esta fábrica, que sería un trágico golpe para la industria del sur.
El viernes, los ministros de Medioambiente, Corrado Clini, y de Desarrollo Económico, Corrado Passera, acudieron a Taranto para analizar el futuro de Ilva y el saneamiento ambiental de la ciudad.
Tras esta reunión, Ilva anunció la inversión de 146 millones de euros para que la fábrica cumpla las normas ambientales.
Sin embargo, los ciudadanos consideran la cifra insuficiente por el desastre en el ambiente que ha producido y seguirá generando la fábrica.
La útima palabra pasa ahora a los jueces, que en los próximos días tendrán que comprobar si la empresa respeta las indicaciones que se les han dado para la salvaguardia de la salud y reabrir los hornos o prolongar su cierre.