Documentos divulgados por el sitio de Internet WikiLeaks dejan en evidencia un sistema plagado de errores y decisiones fallidas que contribuyeron a que el centro de detención ubicado en la isla de Cuba sea un atolladero jurídico.
“Estos documentos son notables porque muestran cuán cuestionable ha sido la fundamentación del Gobierno de Estados Unidos para detener a cientos de personas, en algunos casos indefinidamente, en Guantánamo”, dijo la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
“Las evaluaciones unilaterales están plagadas de pruebas no confirmadas, información obtenida mediante tortura, especulaciones, errores y denuncias que demostraron ser falsas”, señaló este grupo de defensa de los derechos humanos.
“Los documentos son el fruto del pecado original por el cual el Estado de derecho quedó hecho trizas cuando se enviaron por primera vez detenidos a Guantánamo”.
Para el experto en justicia militar Eugene Fidell, los documentos filtrados no solo demuestran que las detenciones fueron injustas, sino militarmente ineficaces. “Lo que queda claro es la condición de aficionados de los interrogadores y el caótico trabajo que se hizo”.
“Habría sido mucho mejor que recurrieran a lo que exige la Convención de Ginebra en caso de duda, que es realizar una investigación, convocar a un tribunal que se considere competente o que esté cerca del campo de batalla”.
Ahora, para los 172 presos que quedan en Guantánamo, “el daño está hecho”, dijo Fidell.
El presidente Barack Obama, en uno de sus primeros actos al asumir en enero de 2009, se comprometió a cerrar Guantánamo en el plazo de un año. Decidido a corregir los errores de su predecesor, el presidente George W. Bush creó un grupo de trabajo para revisar los antecedentes de los presos.
Pero, según el Centro para los Derechos Constitucionales, los archivos no se actualizaban desde hacía años. Este grupo ha pedido al gobierno de Obama que publique sus conclusiones, y deje claro quién ha sido identificado para un juicio, quién será liberado y quién será detenido indefinidamente.
“Sin nombres ni detalles de los casos en los que el Gobierno afirma que necesita detener a personas sin cargos ni juicio, seguirá siendo imposible tener un debate público relevante sobre la pertinencia de esa política”, dijo.
Muchos de los presos que permanecen en Guantánamo son de origen yemení y hay una reticencia evidente a devolver, incluso a los presos de “bajo riesgo”, a ese semillero de militantes de al-Qaeda cuando Yemen está en medio de un levantamiento popular.
El Gobierno de EE. UU. ha dado marcha atrás sobre Guantánamo, aunque insiste en que querría cerrar el centro lo más pronto posible. El Congreso impidió que los acusados de terrorismo sean juzgados por tribunales federales.