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Partidos políticos imponen un nuevo organismo regulador a la prensa británica

Actualizado el 30 de octubre de 2013 a las 03:45 pm

El consejo asesor de la reina Isabel II dio luz verde al texto acordado por conservadores, liberaldemócratas y laboristas para fundar un nuevo órgano de control, con el que pretenden evitar excesos

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Londres

La prensa británica perdió este miércoles  el pulso que mantenía con los partidos políticos sobre la creación de un organismo regulador de los medios escritos en el Reino Unido con capacidad para imponer multas por malas prácticas informativas.

El consejo asesor de la reina Isabel II dio luz verde al texto acordado por conservadores, liberaldemócratas y laboristas para fundar un nuevo órgano de control, con el que pretenden evitar excesos como los que cometió el clausurado tabloide News of the World.

Los principales diarios del país se oponían a los planes de los políticos y presentaron hoy dos recursos de última hora, para tratar de detener el proceso, ante el Tribunal Superior de Londres y la Corte de Apelaciones, ninguno de los cuales prosperó.

El proyecto de los partidos para tratar de limitar las malas prácticas en la prensa deriva del escándalo de las escuchas ilegales del News of the World, el diario sensacionalista propiedad del magnate Rupert Murdoch que supuestamente pinchó los teléfonos de miles de personas para obtener exclusivas.

Clive Goodman, el antiguo responsable de la información de la realeza en el periódico The News of the World, a su llegada al tribunal The Old Baley Court de Londres (Reino Unido) este lunes. El primer juicio por las escuchas telefónicas en la prensa británica comenzó hoy.
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Clive Goodman, el antiguo responsable de la información de la realeza en el periódico The News of the World, a su llegada al tribunal The Old Baley Court de Londres (Reino Unido) este lunes. El primer juicio por las escuchas telefónicas en la prensa británica comenzó hoy. (EFE)
Rebekah Brooks y Andy Coulson, exdirectores del ese periódico, que hasta su cierre en julio de 2011 era el más leído del país, se sentaron precisamente hoy en el banquillo para escuchar las acusaciones que pesan sobre ellos en el juicio por las escuchas a políticos, famosos y personas corrientes.

Diarios como The Guardian, Financial Times y The Independent están en desacuerdo con la propuesta de los políticos, pero no se han alzado contra ella, mientras que rotativos de tendencia conservadora como The Times , Daily Telegraph y Daily Mail  se han opuesto frontalmente a una iniciativa que interpretan como una injerencia en su libertad de expresión.

Los diarios discrepan sobre los poderes que tendrá el nuevo organismo, así como sobre quiénes deben formar parte del mismo, y consideran que el Gobierno no ha prestado suficiente atención a sus puntos de vista, que presentaron en un texto alternativo que remitieron al Parlamento.

Para los periódicos, el texto pactado por los partidos supone una "inaceptable interferencia" en su trabajo periodístico, mientras que los políticos consideraron que la propuesta de los medios no garantizaba la independencia del nuevo organismo regulador.

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Ante esa discrepancia, la ministra de Cultura, Marie Miller, anunció a principios de octubre que la iniciativa de los diarios quedaba rechazada, si bien prometió incorporar algunas de sus ideas al texto definitivo.

Los últimos pasos para establecer un órgano de control para los medios escritos en el Reino Unido, que podrá imponer multas de hasta un millón de libras (1,17 millones de euros) llegan casi un año después de que el juez Brian Leveson publicara las conclusiones de una investigación encargada por el Gobierno sobre las prácticas informativas de la prensa en el país.

Uno de los puntos clave del informe de Leveson era la creación de un organismo que sustituyera a la obsoleta Comisión de Quejas de la Prensa, un órgano sin capacidad para sancionar ni para investigar a los medios que ha sido tachado de ineficaz y corporativista.

El órgano regulador que propone el Gobierno prevé la creación de un servicio rápido de resolución de quejas al que los ciudadanos tendrán acceso previo pago de una tasa y en el que los casos serán estudiados por un grupo de entre cuatro y ocho expertos que no podrán ser periodistas, funcionarios ni diputados.

En la versión definitiva del texto que presentó el Gobierno ante el consejo asesor de la reina se incluyó a última hora una limitación en el poder del Parlamento para modificar en el futuro las condiciones de funcionamiento del organismo regulador.

Además del acuerdo de los dos tercios de la Cámara, como se requería en las versiones previas, finalmente será necesario también el consentimiento unánime del propio organismo regulador, cambio que supone un acercamiento a la postura de los periódicos, partidarios de que el Parlamento no tuviera capacidad para cambiar la regulación.

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