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Participación de militares en seguridad provoca polémica en Guatemala

Actualizado el 14 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Críticas se dan luego de la matanza de ocho indígenas durante una protesta

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Participación de militares en seguridad provoca polémica en Guatemala

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                         Militares acusados de actuar violentamente durante un desalojo. | AFP
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Militares acusados de actuar violentamente durante un desalojo. | AFP

Guatemala (AFP). La muerte de ocho indígenas en una protesta que disolvieron los militares en Guatemala puso en tela de juicio el papel del Ejército en funciones de seguridad pública, en un país con un pasado nefasto de represión militar en la guerra civil (1960-96).

Una lluvia de críticas de diversos sectores del país y de organizaciones internacionales cayó sobre el gobierno tras el violento desalojo que hicieron hace diez días los soldados de una manifestación en Totonicapán, 180 km al oeste de Ciudad de Guatemala, que también dejó más de 30 heridos.

“La participación de militares en la seguridad civil la venimos rechazando desde hace una década, es contra natura, los militares están preparados para la defensa de un país. Su doctrina y especialización es distinta a la policía”, afirmó Carmen Ibarra, dirigente del Movimiento Pro justicia.

El pasado jueves, fueron detenidos el coronel Juan Chiroy y ocho soldados, entre ellos dos mujeres, acusados de “ejecución extrajudicial”. Este sería el primer caso emm donde militares serán procesados por una matanza ocurrida tras el fin de la guerra civil hace 15 años.

Con la firma de la paz en 1996, el ejército se redujo y se determinó su función sólo al resguardo de la soberanía, pero el Congreso aprobó en 2000 sacar a los militares a las calles en tarea de seguridad pública -incluido el control de manifestaciones-, argumentando la violencia criminal que azota al país.

“Decir que desde la firma de la paz, el ejército ha perdido protagonismo es una falacia, están abriendo más cuarteles y su presupuesto es más elevado, se está fortaleciendo”, dijo el director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Juan Francisco Soto, quien advirtió que “se corre el riesgo de que algo vuelva a suceder” si no se modifica la resolución del 2000.

El presidente Otto Pérez, un general retirado experto en contrainsurgencia, anunció que impulsará una reforma legal para evitar que el ejército controle manifestaciones.

En un principio, Pérez rechazó que los militares hayan accionado sus armas, luego admitió que algunos “dispararon al aire”. Más de 100 casquillos fueron hallados en el lugar donde los indígenas protestaban contra políticas del gobierno.

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El jefe de la Comisión de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Dall'Anese, recomendó a Pérez apartar al ejército de la seguridad pública: “La policía usa la fuerza como último recurso, pero los militares se preparan para ganar una guerra con el uso de la fuerza como método de primer orden”, dijo.

Ibarra estimó que lo ocurrido el 4 de octubre es una “lección violenta” que debería servir para poner sobre la mesa el uso del ejército en la seguridad ciudadana, pero estimó como “difícil” que Pérez cambie el “andamiaje militar” que, según ella, ha creado en el gobierno.

“Urge quitar la condición de corte militar a los asuntos administrativos del Estado. Hay que eliminar el apoyo militar y recuperar el fortalecimiento civil” como establecen los Acuerdos de Paz, agregó.

Lo sucedido en Totonicapán motivó manifestaciones de miles de indígenas y grupos de estudiantes, en tanto que la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea también expresaron sus cuestionamientos.

“El caso ejemplifica el grave riesgo que conlleva la utilización de miembros del ejército en funciones de seguridad pública”, dijo el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala, Alberto Brunori.

La líder indígena y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, quien recién ocurrido los hechos visitó el lugar, expresó su indignación.

Un informe de las Naciones Unidas presentado en 1996 reveló que la guerra guatemalteca (1960-1996) dejó 200.000 muertos o desaparecidos, un 93% de los cuales son atribuidos a las fuerzas del Estado.

A los militares se les responsabiliza de cientos de masacres de comunidades indígenas.

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