EscucharBuenos Aires. (AFP). Los partidos y grupos sindicales opositores llamaron a los argentinos a concentrarse frente al Congreso el miércoles, cuando los diputados voten polémicas leyes de reforma judicial a las que consideran un avasallamiento de la justicia por parte del gobierno de Cristina Kirchner.
En reacción a las críticas, el ministro de Justicia, Julio Alak, dijo este martes ante las comisiones legislativas que el gobierno “considera que la Constitución no dice de ninguna manera que está prohibido elegir jueces, abogados y académicos (para el Consejo de la Magistratura) por voto popular”, como lo impulsa una de las normas.
Una de las iniciativas más cuestionadas por los jueces es la que impulsa aumentar de 13 a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura (que nombra y remueve jueces), 12 de los cuales serán elegidos por el voto popular (tres jueces, tres abogados y seis representantes de ámbitos académicos y científicos).
“Creemos que la elección de jueces, abogados y académicos es un tema de política legislativa y no de interpretación constitucional”, dijo Alak en las sesiones transmitidas por televisión.
La Unión Cívica Radical de los expresidentes Raúl Alfonsín (1983-89) y Fernando de la Rúa (1999-2001), segunda fuerza legislativa, convocó a sus simpatizantes a participar “de manera pacífica de la manifestación del miércoles en defensa de una justicia independiente”.
Pese a que el oficialismo se encamina a convalidar la reforma con su control del Congreso, admitió este martes considerar un pedido por carta de la Corte Suprema que le transmitió la inquietud de miembros del Poder Judicial por algunos aspectos de las normas.
“El Poder Ejecutivo consideró aceptables algunas de las propuestas en relación a la cuestión presupuestaria y administración del personal judicial”, anunció también ante las comisiones el secretario de Justicia, Julián Álvarez.
De tal modo, el oficialismo modificó parte del texto de los proyectos, al admitir que sea la Corte Suprema la que administre el presupuesto del Poder Judicial y que los secretarios de los juzgados sean designados sin concurso.
“El Poder Ejecutivo buscará abusar de su mayoría circunstancial en la Cámara de Diputados para llevar adelante una profunda reforma judicial hecha a su medida y conveniencia, sin permitir una discusión seria y responsable sobre cómo mejorar el funcionamiento” de la justicia, dice una declaración de la UCR, una oposición socialdemócrata.
La llamada “democratización de la justicia” consta de seis proyectos de ley, tres de los cuales serán debatidos el miércoles por los diputados, y los restantes por los senadores, el mes próximo. En todos los casos los proyectos ya tienen media sanción.
El más cuestionado por los jueces aumenta de 13 a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura (que nombra y remueve jueces), 12 de los cuales serán elegidos por voto popular (tres jueces, tres abogados y seis representantes de ámbitos académicos y científicos).
Otra de las iniciativas contempla la creación de tres cámaras de casación (apelación), cuyo objetivo, según el gobierno, es aliviar la acumulación de causas en poder de la Corte Suprema.
Un tercer proyecto oficial prevé limitar la duración de las cautelares (prevención de un derecho), una medida directamente relacionada con la fuerte disputa entre el gobierno y Clarín, el más poderoso grupo de medios de Argentina y uno de los principales de América latina.
La ley ha sido rechazada por la mayoría de los partidos opositores y sectores de la central sindical CGT crítica del gobierno. El jueves pasado decenas de miles de personas se manifestaron contra esa iniciativa en Buenos Aires y otras ciudades.
La protesta incluye la instalación de una carpa frente a la sede del Parlamento donde las fuerzas opositoras darán al público su punto de vista sobre la llamada “democratización de la justicia”.
La diputada Elisa Carrió (socialcristiana), de escaso impacto electoral pero de gran difusión mediática, llamó “a impedir la votación”.
“Hay que impedir que, pese a todo el reclamo popular en contra, esta votación salga”, dijo la legisladora a radio Mitre.
El miembro de la Corte Eugenio Zaffaroni opinó sobre la exhortación de Carrió que “cada uno tiene derecho a actuar como sea pero lo correcto es decir por qué no es constitucional y proponer soluciones”, en declaraciones a radio Del Plata.
En tanto, ONG opositoras lanzaron una campaña y con fotos de 12 diputados que aún no decidieron su voto y que, en caso de hacerlo negativamente, podrían complicar el resultado al gobernante peronismo.
El jefe de la bancada oficialista de diputados, Agustín Rossi, calificó de “claramente golpista” la convocatoria realizada por Carrió y de “fascista” la publicación de las fotos de los indecisos.
“Tratan de generar una campaña de presión sin importarles las convicciones, los valores y el pensamiento de cada uno de ellos tratando de exponerlos”, dijo Rossi a Radio del Plata.
