EscucharSan José (AP). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que España debe mejorar sus políticas para acabar con algunas prácticas racistas y de discriminación hacia la población inmigrante.
La restricción en el acceso a la sanidad de los extranjeros sin autorización de residencia, actuaciones policiales basadas en criterios raciales, el trato que reciben los inmigrantes en centros de internamiento y las condiciones de algunos poblados de bajos recursos en Madrid y Barcelona fueron los principales problemas identificados por el relator especial de la ONU sobre el racismo, el keniano Mutuma Ruteere.
“ La crisis económica ha causado el retroceso de avances en relación con los derechos humanos de los migrantes. La legislación que ha restringido su acceso a la sanidad es una novedad desafortunada ”, dijo el relator en una rueda de prensa en Madrid.
Ruteere hizo estas consideraciones generales, sin dar cifras o ejemplos concretos, como parte de un informe más amplio sobre el racismo en España, que será presentado en junio.
Por otro lado, el experto criticó el trato que reciben los extranjeros en los llamados CIEs, donde permanecen retenidos hasta un máximo de 60 días mientras se tramita su expulsión.
Sobre la denuncia de redadas policiales en función de raza, Ruteere mencionó que se han hecho progresos con órdenes que prohíben este tipo de actuaciones, pero pidió más formación y control interno de los agentes. También denunció hostilidad y abusos de tipo racial en espectáculos deportivos y exigió un endurecimiento de las sanciones para los implicados.
Finalmente, el relator llamó la atención sobre las condiciones humanitarias en las que trabajan algunos inmigrantes en los invernaderos agrícolas del sur andaluz y subrayó la pésima situación de la población gitana originaria de Rumanía en algunas barriadas de las grandes ciudades.
Ruteere pidió una legislación más ambiciosa y un seguimiento detallado de delitos de tipo xenófobo para evaluar su progresión. Un asunto, sin embargo, de difícil encaje legal, ya que la Constitución española impide recabar datos relativos al origen racial, salvo consentimiento expreso del afectado.
