EscucharMéxico. AFP. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca acabar con los monopolios del sector de las telecomunicaciones y que favorece la competencia en la televisión, la telefonía y la Internet de banda ancha.
La iniciativa busca terminar con el principal monopolio de telefonía en México, propiedad del magnate Carlos Slim, mayor fortuna del mundo, según la revista Forbes , así como con la concentración en televisión abierta y de cable, donde domina Televisa, que pertenece a Emilio Azcárraga.
La empresa Telmex concentra el 90% del mercado fijo y Telcel 70% del móvil, ambas de Slim. En tanto, Televisa acapara el 70% de la televisión abierta y el 60% del servicio por medio de cable.
La reforma contempla la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano regulador autónomo que otorgaría y revocaría las concesiones, en reemplazo del Ejecutivo, que cuenta actualmente con esa potestad.
Además, plantea la transformación de la Comisión Federal de Competencia Económica en un organismo independiente con mayores atribuciones. “Las decisiones sobre las concesiones serán técnicas y no políticas”, expresó el presidente Peña Nieto durante la presentación del proyecto legal.
Este contiene “una nueva arquitectura institucional en favor de la competencia económica y la certidumbre legal”, indicó el mandatario. “Su finalidad última es tan sencilla como el ABC”, dijo Peña Nieto, al enumerar los principales objetivos: alcanzar una cobertura universal, contar con buenos precios y calidad en servicios y contenidos.
Gerardo Ruiz Esparza, secretario mexicano de comunicaciones y transportes, manifestó que de aprobarse la reforma se elevará de 49% a 100% la posible participación extranjera en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, así como de 0% a 49% en radiodifusión.
México está muy lejos de ser un país donde las telecomunicaciones sean la plataforma que el país requiere, afirmó Ruiz Esparza, quien subrayó que entre 2005 y 2009 las pérdidas económicas atribuidas al rezago y la disfuncionalidad del sector fueron de $129.000 millones, lo que representó el 1,8% del PIB.
