TRASLADO DE RESTOS DE LAS VÍCTIMAS DE INCENDIO EN HONDURAS TEG03 TEGUCIGALPA (HONDURAS) 16/2/2012.- Empleados de medicina forence trasladan los cuerpos de los reos que murieron en la Granja Penal de Comayagua hoy, jueves 16 de febrero de 2012, en Tegucigalpa (Honduras). Los cuerpos de las al menos 355 víctimas del incendio de la cárcel de Comayagua fueron trasladados todos a la capital hondureña, donde equipos de forenses trabajan en su identificación. EFE/Gustavo Amador (Gustavo Amador)
Tegucigalpa. AP y AFP. La mayoría de los 355 internos que murieron calcinados en una cárcel hondureña antier, no tenían acusación legal ni habían sido sentenciados, señala un informe gubernamental en momentos en que los familiares de las víctimas inician el duro proceso de identificación.
Más de la mitad de los 856 internos de la cárcel de Comayagua aguardaban juicio o estaban retenidos como supuestos pandilleros, según el informe que envió este mes el Gobierno hondureño a las Naciones Unidas.
De acuerdo con el informe, que obtuvo en exclusiva la agencia de noticias AP, todos los días había en esa cárcel al menos 852 reclusos cuando el cupo era para 400.
Además, cuando ocurrió el incendio, solo laboraban 51 guardias de día y 12 de noche.
La prisión carece de atención médica o de salud mental y su presupuesto equivale a menos de un dólar diario para la alimentación de cada recluso. Muchos reclusos estaban encarcelados solo porque llevaban un tatuaje, de acuerdo con las estrictas leyes contra las pandillas en Honduras, apunta el texto.
Naciones Unidas condena esta práctica por considerarla una infracción a la ley internacional.
Sin hipótesis firme. Mientras, ayer las autoridades admitieron desconocer las causas de la tragedia e investigan varias hipótesis.
El vocero de la Fiscalía, Melvin Duarte, dijo: “Hay muchas versiones y todas las investigamos”. Una de ellas, afirma Duarte, es que los reos habrían pagado a algunos guardias del penal para permitir una fuga masiva y que los agentes habrían usado gasolina para provocar las llamas para que los presidiarios huyeran.
La versión fue rechazada por Andrés Pavón, director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras que solicitó una investigación imparcial.
EE. UU. remitió expertos forenses a colaborar con la investigación de las causas y Chile envió cuatro peritos forenses para ayudar a identificar a las víctimas. España y Colombia, por su parte, también ofrecieron ayuda.
Mientras, ayer se inició la identificación de los cadáveres. Frente a la morgue, en Tegucigalpa, familiares desesperados aguardaban bajo un sol de plomo la entrega de cuerpos, pero solo tres habían sido identificados.
A medida que familiares y presos sobrevivientes redoblaban los testimonios perturbadores de la tragedia, crecían las acusaciones sobre presunta negligencia o incluso premeditación por parte de las autoridades en el incendio.
El presidente Porfirio Lobo ordenó el miércoles la separación temporal de sus cargos de los funcionarios responsables del área de prisiones para impedir interferencias en la investigación.
Entre tanto, fiscales, policías y bomberos trabajaban en las celdas quemadas en busca de pistas del origen de las llamas.