EscucharTegucigalpa. AFP. El aislamiento internacional de Honduras y la militarización de la sociedad marcan los 100 primeros días del gobierno hondureño de Porfirio Lobo, según analistas.
Lobo asumió el poder el 27 de enero con el reto de reconstruir las estructuras de la endeble democracia hondureña, maltrechas por el golpe de Estado civil-militar del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.
El nuevo mandatario, un acaudalado agricultor, ganadero y político de derecha, llegó al poder con la tarea de poner fin a una profunda crisis que dividió al país y de cumplir el acuerdo Tegucigalpa/SanJosé firmado el 30 de octubre por las comisiones del derrocado presidente y del mandatario de facto Roberto Micheletti, que la comunidad internacional le exigía.
Amnistió los delitos políticos tanto para Zelaya -exiliado en República Dominicana y que se niega a volver ya que la Justicia lo sigue persiguiendo- y sus partidarios, acusados de traición a la patria por pretender organizar una encuesta popular prohibida por los jueces cuyo fin último era reformar la Constitución, como para los golpistas.
Formó un gobierno de “unidad y reconciliación nacional” y el martes instaló la Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los acontecimientos previos, durante y después del golpe.
Sin embargo, Honduras sigue excluida de las instituciones internacionales y regionales, pese a los esfuerzos de países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica o Panamá.
Los países sudamericanos que integran la Unasur se han negado a reconocerlo y algunos de los presidentes han anunciado que no irán a la Cumbre de Madrid entre Latinoamérica y la UE si asiste Lobo.
“Si hay problemas, no vamos”, respondió Lobo el miércoles antes de agregar que ya “habrá tiempo” para ir a ese tipo de reuniones.
En la región, Nicaragua -en la órbita del socialismo del Siglo XXI que propugna el presidente venezolano Hugo Chávez-, también se opone.
Su reinserción en las instituciones internacionales supondría la llegada de nuevo de créditos y ayudas para paliar la catastrófica situación económica del país.
“Algunas de las cosas que están pasando en Honduras no ayudan”, dijo el analista de la Brookings Intitution en Washington, Kevin Casas, en referencia a las muertes de varios periodistas en las últimas semanas.
Tampoco se han dilucidado las violaciones de los derechos humanos que se produjeron después del golpe ni si la Comisión de la Verdad se encargará de investigarlas, señaló Casas.
“El propio gobierno de Lobo ha sido muy ambiguo porque estaba con una enorme presión de los sectores de extrema derecha en Honduras. Ese tipo de ambigüedades no ayudan a la reconciliación del país”, sostuvo el analista.
El excanciller Ernesto Paz Aguilar también destacó la “remilitarización de la sociedad”, que ha llevado al país a un retroceso de “treinta años”.
Después de ser gobernada por más de tres décadas por militares golpistas, Honduras retornó a la democracia en 1982, pero los militares se mantuvieron detrás del trono hasta 1994, cuando el gobierno de Carlos Roberto Reina los relegó a los batallones.
Lobo no solo ha aumentado el presupuesto militar de $105 a $137 millones para este año, sino que ha nombrado a varios militares al frente de instituciones civiles, entre ellos al exjefe del Estado Mayor y ejecutor del golpe contra Zelaya, el general retirado Romeo Vásquez, en la presidencia de la empresa telefónica estatal.
Justamente, “los reclamos de la comunidad internacional es que salgan del gobierno los golpistas: el comisionado de Derechos Humanos (Ramón Custodio), el fiscal (Luis Rubí) y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (Jorge Rivera); el respeto a los de derechos humanos y el regreso de Zelaya” de su exilio en República Dominicana, recordó Paz Aguilar.
