“Los lazos de amistad, de comercio, de turismo y culturales entre México y Arizona se ven seriamente afectados por este tipo de legislación”, expresó Calderón en una reunión del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
La legislación aprobada la semana pasada por Arizona, estado fronterizo gobernado por el Partido Republicano, permite a la policía detener a cualquier persona de la que sospeche que pueda ser un inmigrante ilegal.
También establece que los inmigrantes deberán llevar consigo sus documentos de identificación todo el tiempo y convierte en un delito transportar a alguien que es inmigrante ilegal, entre otras medidas.
“Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, un fenómeno social y económico, abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminación, al abuso en la aplicación de la ley”, dijo Calderón.
“No puede ni va a permanecer mi Gobierno indiferente cuando dichas políticas atentan contra los derechos humanos”, agregó.
Calderón reivindicó que los inmigrantes mexicanos “han contribuido al desarrollo y la prosperidad de Arizona” y exigió “un trato respetuoso para los migrantes en Estados Unidos”.
El mandatario apuntó que el tema estará presente cuando se reúna con el presidente estadounidense, Barack Obama, y con el Congreso de EE. UU., en mayo.
Para el Presidente, la migración a Estados Unidos, donde hay unos 12 millones de mexicanos, aproximadamente la mitad indocumentados, se lleva lo mejor de México, su gente, al otro lado de la frontera.
En tanto, diputados federales de todos los partidos exhortaron al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a comerciantes, transportistas y población mexicana de la zona fronteriza con Arizona, a realizar un boicot comercial que “asfixie” la economía de ese estado.
La ley antiinmigrante SB1070, según los legisladores mexicanos, criminaliza a los migrantes, establece un estado represivo, xenofóbico y racista.
José Torres Robledo, del PRD; Pedro Vázquez González, del PT; y Nicolás Bellizia, del PRI, calificaron de “tibia” la postura del Gobierno mexicano ante la ley.
El presidente del Senado, Carlos Navarrete Ruiz, dijo que la Ley SB 1070 es parte de una ofensiva de la derecha estadounidense para acorralar al presidente Barack Obama. Navarrete pidió a Obama que utilice los instrumentos legales a su alcance para derogarla.
Los oponentes sostienen que la ley llevará a un etiquetaje, basado en estereotipos raciales. Sus simpatizantes sostienen que es necesario proteger a los habitantes de Arizona de delitos cometidos por ilegales.