Entre los años 1996 y el 2004 al menos 29 personas fueron sentenciadas a muerte por asesinato y secuestro en Guatemala.
Según el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, 12 de ellas fueron beneficiadas con una medida de suspensión provisional de la pena, aplicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque este proceso no las absuelve de la sentencia, de reactivarse la aplicación de la pena de muerte, podrían conmutar el castigo asignado por años de cárcel.
Mientras tanto, ante la falta de una autoridad para otorgar el derecho de gracia a los condenados, es decir, el indulto al cumplimento de la pena (no del delito), los reos aguardan en el corredor de la muerte. Las últimas ejecuciones en Guatemala se realizaron en junio del 2000 y fueron transmitidas en directo por la televisión.
Luis Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández fueron ejecutados en el llamado “módulo de la muerte”, ubicado en el Centro de Detención Pavón, en la capital.
Ambos pertenecían a la banda de secuestradores “Los Pasaco” y fueron declarados culpables en 1997 de participar en el secuestro y asesinato de la empresaria Isabel Bonifasi de Botrán, a pesar de que los familiares de la víctima pagaron más de $200.000.
Los condenados recibieron una inyección de dormicum, cloruro de potasio y penthotal, según precisó el médico forense Mario Guerra a los medios.
Tras 10 diez años desde la última ejecución, las autoridades comenzaron, meses atrás, a adecuar el “módulo de la muerte” para que sea utilizado ante la eventual reactivación de la pena capital.
Según los medios, uno de los ejecutados tardó 13 minutos en morir. Hasta 1996, el método aplicado era el fusilamiento.