Madrid (AFP). El Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) suspendió hoy al juez Baltasar Garzón, tras haber sido inculpado por haber querido investigar los crímenes amnistiados de la época franquista, ante la indignación de los defensores de derechos humanos y de víctimas de la dictadura.
La suspensión cautelar fue decidida "por unanimidad" por el pleno del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces españoles, reunido en sesión extraordinaria para decidir sobre el cese del juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, según la misma fuente.
El CGPJ ha tomado esta decisión después de que el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, ordenara la apertura de juicio oral contra Garzón, acusado de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) por intentar investigar sobre los crímenes del franquismo sin supuestamente tener competencias para ello.
"Era algo cantado, el CGPJ no podía hacer otra cosa, cuando un juez es sentado en el banquillo por un delito ejerciendo sus funciones como es el de prevaricación, no quedaba otra opción que suspenderle, primero porque lo dice la ley y luego porque es la práctica habitual", dijo el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa.
Sin embargo, su suspensión ha causado la indignación de defensores de derechos humanos y de víctimas de la dictadura, mientras que el sindicato Manos Limpias, considerado de ultraderecha y uno de los querellantes en el caso contra Garzón mostró su satisfacción por la decisión del CGPJ considerando que esa decisión "ha devuelto la dignidad a la Justicia española".
"Hoy debería salir alguien para decir: españoles, la justicia ha muerto, ¿no?", afirmó el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, parafraseando lo que dijo el presidente Carlos Arias Navarro en 1975 al anunciar en televisión la muerte del dictador Francisco Franco con un "Españoles, Franco ha muerto".
"Porque sinceramente, si hay un juez que ha sido el primero en preocuparse de las víctimas del franquismo y termina así, es lamentable, realmente", afirmó Macías, cuya asociación fue la primera en promover la apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo.
El gobierno español, por su parte, se mostró prudente limitándose a asegurar por medio de su vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que "el gobierno como siempre respeta la decisión del CGPJ y de la misma forma, insistimos en la necesidad de respetar la presunción de inocencia del juez porque el procedimiento no ha concluido".
La justicia española todavía tiene que fijar una fecha para el juicio a Garzón, que en el caso de se condenado podría ser inhabilitado por hasta 20 años como juez, lo que en la práctica supondría el fin de su carrera.
Tras la suspensión, el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha convocado una sesión de la Comisión Permanente de este órgano judicial para las 18:00 locales (16:00 GMT, 10 a.m. en Costa Rica) con el fin de estudiar la petición de Garzón de ser trasladado como asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional (TPI), el argentino Luis Ocampo en La Haya.
Después de conocer la decisión del CGPJ, el juez Garzón abandonó la Audiencia Nacional entre abrazos de amigos y colegas y los gritos de "¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!" de un grupo de partidarios del magistrado.
El magistrado español había afirmado en la tarde del jueves encontrarse "tranquilo" ante la eventualidad de su posible suspensión.
Poco antes de conocer su suspensión, la defensa de Garzón había presentado en el Tribunal Supremo un escrito pidiendo la nulidad de la decisión del juez Varela de enviarlo a juicio por su intento de investigar los crímenes del franquismo.
Garzón investigó brevemente en 2008 la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo (1939-1975), alegando que el delito de desaparición forzada no prescribe. Era la primera investigación de estos hechos en España.
La fiscalía estaba en contra por estimar que esos delitos entraban en la ley de amnistía de 1977, adoptada tras la muerte del general Francisco Franco y al inicio de la transición democrática española, y el juez abandonó la investigación.