De la Rúa , de 74 años, lucía tranquilo en el inicio de la primera jornada del juicio oral, en el cual se le acusa de “cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos”, que prevé penas de hasta diez años de prisión.
“Es el hecho de corrupción institucional más grave desde el regreso a la democracia” en 1983, dijo Mario Pontaquarto, quien se autoincriminó ante la Justicia al denunciar el hecho.
La causa se centra en el escándalo de las denuncias del arrepentido Pontaquarto y otros testigos, por el pago de unos cinco millones de dólares a senadores para que votaran a favor de la norma que eliminaba derechos laborales y que fue exigida por el FMI como condición para mantener el apoyo financiero al gobierno de De la Rúa .
Actualmente fuera de la política, De la Rúa, ligado al ala conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, escuchó por más de dos horas la lectura de la acusación, sentado en primera fila en la sala de audiencias.
Detrás de él se ubicaron el exjefe de inteligencia Fernando de Santibañes, el exministro de Trabajo Mario Flamarique, además de cuatro exsenadores, todos ellos acusados del delito de cohecho, al igual que el exsecretario parlamentario Pontaquarto.
El denunciante, de igual filiación política que De la Rúa , anticipó ayer que durante el juicio ratificará su versión de lo ocurrido y pidió ser condenado por el tribunal.
“Si no hay condena para mí, que me autoincriminé, no hay condena para nadie”, advirtió.
El escándalo llevó a la renuncia al entonces vicepresidente Carlos Álvarez y causó una grave crisis institucional, política y económica, que derivó en la caída del gobierno de De la Rúa a finales del 2001, en medio de una rebelión popular que dejó una treintena de muertos.
De la Rúa niega los cargos e incluso publicó en el 2005 un libro con el fin de desmentir la denuncia de Pontaquarto.