EscucharGuatemala. (AFP). El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, de 85 años, quedó ligado al proceso penal por una acusación de genocidio perpetrado durante su gobierno de facto (1982-1983), según una resolución de la titular del Juzgado Primero de Alto Riesgo, Patricia Flores.
En el fallo, Flores comentó que las pruebas presentadas por el fiscal del caso, Manuel Vásquez, fueron decisivas para tomar la decisión pues supuestamente la población estuvo "sistemáticamente" bajo el control militar y se "cometió genocidio", pero eso se deberá "demostrar en un posible juicio".
Además, le imputan el delito de deberes contra la humanidad.
Sin embargo, la jueza determinó una medida sustitutiva a favor del exdictador al otorgarle arresto domiciliario debido a la edad y por que no existe peligro de fuga, así como una fianza de unos 65.000 dólares.
La audiencia, que duró unas 11 horas, se realizó en la torre de tribunales de la Corte Suprema de Justicia en la capital.
El Ministerio Público tiene ahora hasta el 17 de marzo para presentar el acto conclusivo, es decir, presentar toda la investigación penal y en ese proceso la jueza determinará si el ex dictador es llevado o no a juicio oral y público.
Según la acusación, durante el régimen de facto de Ríos Montt de perpetraron al menos 72 hechos delictivos, entre ellos 11 masacres, en los que fueron asesinados más de 1.700 indígenas de la etnia maya Ixil, en el departamento de Quiché, a unos 250 km al noroeste de la capital.
Además, la represión militar motivó el desplazamiento interno de más de 29.000 indígenas debido a que unas 54 comunidades fueron arrasadas.
"Aunque usted (Ríos Montt ) dijo que no participó en esos hechos (...), los medios de investigación indican que existe esa probabilidad y bajo esas circunstancias he decretado el auto de procesamiento en su contra ", agregó la magistrada.
Explicó que ese delito está estipulado en las leyes guatemaltecas, tras indicar que "se le conceden todos los derechos de los recursos pertinentes del cual es objeto".
El fallo de la jueza coincidió con la aprobación en el Congreso guatemalteco de un decreto que ratifica el Estatuto de Roma (1998), con el cual el país se adhiere a la Corte Penal Internacional (CPI).
La medida implica que Guatemala admite que la CPI pueda juzgar delitos de lesa humanidad, de guerra y genocidio sin efecto retroactivo, comentó el presidente del Legislativo, el oficialista Gudy Rivera.
