Madrid. AP. El juez Baltasar Garzón presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, al considerar que la Justicia española ha vulnerado sus derechos, informó ayer su bufete de abogados.
El magistrado está procesado, y a la espera de juicio, por una presunta prevaricación –el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta– por su fallida investigación de los crímenes de la guerra civil española y la posterior dictadura de Francisco Franco.
Como resultado, Garzón fue apartado de sus funciones a la espera de la resolución del caso y actualmente trabaja como asesor para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya.
Independencia de jueces. En la demanda contra el Tribunal Supremo español, remitida el jueves al Tribunal de Estrasburgo, se argumenta que el proceso perjudica la independencia de los jueces, la libertad de interpretación de la ley y, por tanto, al Estado de derecho al dejar indefensas a las víctimas.
El texto señala que los desaparecidos o fusilados durante la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975), que Garzón cifró en unos 100.000, son crímenes contra la humanidad. Es decir, son delitos que no prescribieron al amparo de la ley de amnistía promulgada en 1977 tras la muerte del dictador.
Además, los abogados del juez español aseguran que un magistrado no puede ser sancionado por su forma de interpretar de ley.
Garzón está representado en el caso por el grupo Interights, con sede en Londres, especializado en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos.
“Los jueces no pueden ser castigados por su interpretación de la ley. Es una seria amenaza a la independencia judicial”, dijo Sarah Harrington, portavoz de Interights.
“El potencial efecto negativo sobre otros jueces cuando tengan que decidir sobre casos controvertidos es obvio y supone una grave amenaza para el Estado de derecho”, añadió la funcionaria.
Azote judicial del grupo terrorista vasco ETA, famoso en todo el mundo por sus investigaciones de la dictadura militar argentina y del dictador chileno Augusto Pinochet, Garzón intentó en el 2008 abrir la primera gran causa sobre la guerra civil española y el régimen franquista.
Mientras el caso sigue su curso en España, Harrington precisó que Estrasburgo tardará más de un año en adoptar una resolución, que será vinculante para el país ibérico.
Si Garzón es finalmente condenado en España, se enfrenta con un período de inhabilitación máximo de 20 años, lo que supondría el punto final a su rutilante carrera en la magistratura.
Pero una decisión a su favor en Estrasburgo obligaría al Supremo español a absolverlo.