Tras la asunción de Ollanta Humala el 28 de julio, miembros del gabinete han minimizado la responsabilidad de Antauro, quien está en prisión hace casi siete años tras rebelarse contra el gobierno del presidente Alejandro Toledo.
Antauro (quien públicamente tiene una mala relación con su hermano Ollanta) fue condenado en el 2009 bajo cargos de secuestro, homicidio calificado y atentado contra la seguridad pública por esa manifestación realizada en la población sureña de Andahuaylas.
Su abogada, Rosario Montero, presentó un pedido de nulidad de la condena y el otro mes la Corte Suprema decidirá si se rebaja la pena, lo cual podría suceder si se tipifica su caso como homicidio simple o si se elimina el cargo de secuestro.
Aunque el presidente no ha dicho nada del caso (tampoco lo hizo cuando era candidato), miembros del gobierno cercanos a él han terciado en el asunto.
El lunes, el ministro de Defensa, Daniel Mora, dijo en una entrevista a la prensa local que Antauro “no participó en forma directa (en la manifestación), no empuñó el arma, sí gestó el movimiento”.
Ayer, el vicepresidente Omar Chehade respaldó esa postura. “Lo que dice el ministro de Defensa es cierto. Por lo que he podido analizar, Antauro Humala no fue una persona que disparó ni empuñó el arma; tampoco fue quien emitió alguna orden para disparar a ningún policía”, agregó.
No obstante, dirigentes de organizaciones de derechos humanos consideran incomprensible que se pretenda restar responsabilidad a quien dirigió esa revuelta.
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