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Iglesia argentina niega que haya sido cómplice de dictadura

Actualizado el 09 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

Obispos muestran disposición a “promover un estudio más completo” de lo ocurrido en esos años

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Buenos Aires. (AP). La Iglesia Católica argentina rechazó el viernes que haya sido cómplice de la última dictadura militar y expresó su disposición a “promover un estudio más completo” de lo ocurrido en esos años.

Los obispos también reiteraron el pedido de perdón que hicieron hace doce años por la acción u omisión de algunos de sus integrantes durante el gobierno de facto (1976-1983), en un escrito difundido durante la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina.

Los prelados se refirieron a declaraciones realizadas por el ex dictador Jorge Videla este año en las que atribuyó a “quienes entonces conducían el Episcopado, alguna complicidad con hechos delictivos”. El ex presidente de facto cumple prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y mantuvo entrevistas con varios periodistas.

En ese sentido, los obispos reiteraron declaraciones de monseñor José María Arancedo, presidente de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, quien dijo que “una suerte de connivencia es totalmente alejado de la verdad de lo que hicieron los obispos involucrados en ese momento”.

“Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres... Por ello nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance”, afirmaron los prelados.

Alentaron a otros interesados e investigadores “a realizarlo en los ámbitos que corresponda” y exhortaron a quienes tengan datos sobre “el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina, se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes”.

Durante la dictadura, que estuvo precedida por las acciones violentas de grupos guerrilleros, desaparecieron unas 13.000 personas según datos oficiales. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo señala que unos 500 niños hijos de disidentes políticos desaparecidos fueron apropiados por militares o familias afines al régimen de facto.

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