Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/IFTOLSW5V5CWDIVV55R7ZDHNTI.jpg)
Un oficial experto en explosivos mostró, el lunes, una de las granadas lanzadas contra un autobús en el área de Amatitlán. Los ataques contra el servicio de transporte público aumentaron en las últimas dos semanas. AFP.
“La debilidad estructural del Estado, que incluye la ausencia de recursos fiscales, le impide enfrentar adecuadamente este conjunto de fenómenos”, sostiene la estatal Universidad de San Carlos de (USAC), en un espacio público pagado publicado ayer.
La entidad añade que la situación se agrava con la inestabilidad que ha marcado el ejercicio gubernamental en la actual administración en el área de seguridad.
En recientes declaraciones, el presidente Álvaro Colom ha pedido a los guatemaltecos “aguantarse” o “cuidarse ante la ola de violencia que en promedio cobra la vida de 18 personas al día, uno de los índices más altos de Latinoamérica.
Las palabras del gobernante atrajeron un vendaval de críticas.
La cifra de 6.500 muertes violentas en el 2009, supera los 5.550 fallecidos al año que se registraban durante el conflicto armado que enlutó al país por 36 años (1960-1996).
Entre los hechos violentos más recientes, figuran ataques armados en la capital contra autobuses, que han dejado al menos 20 víctimas mortales en los últimos 13 días. Algunos ataques a las unidades ocurrieron con bombas incendiarias que son activadas por medio de teléfonos celulares.
Colom ha calificado de actos terroristas estas acciones, que atribuye a grupos interesados en crear una psicosis entre los ciudadanos y no a delincuentes comunes.
Esa apreciación es compartida por el embajador de Estados Unidos, Stephen McFarlan, quien considera que “lanzar una granada o disparar una ráfaga de metralleta en el transporte colectivo es un acto de terrorismo”.
Un sondeo del 8 al 15 de julio de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), determinó que un 78% de las empresas del país han sido víctimas de asaltos, asesinatos y secuestros y un 41% h de extorsión.
La inmensa mayoría de empresarios cree que la violencia se ha seguido incrementando y por ello apoyan la participación del Ejército en labores de seguridad, afirmó el presidente de la CCG, Jorge Briz.
La falta de políticas contra la violencia enfrenta al Ejecutivo con sectores sociales y los partidos de oposición, quienes demandan más acciones del Ejecutivo.
