Montevideo. AFP y AP. Una ley que deja en manos del Gobierno la decisión de qué casos de violaciones de los derechos humanos en la última dictadura (1973-1985) pueden juzgarse divide al Ejecutivo de izquierda uruguayo, que busca dejarla sin efecto para ajustarse a normas internacionales, pese a que fue ratificada en dos plebiscitos en los últimos 21 años.
La semana pasada, la Cámara de Diputados dio media sanción a una iniciativa que declara inaplicable la llamada Ley de caducidad, aprobada en 1986, gracias a los votos del gobernante Frente Amplio (FA), que instó a legisladores de su sector que no estaban de acuerdo a votarla por disciplina partidaria.
El proyecto ingresó ayer a la Cámara Alta, donde el FA –también con una ajustada mayoría– estaba sumido en arduas negociaciones dentro de sus filas para convencer a cuatro senadores renuentes a votarlo. Para aprobar la iniciativa, el oficialismo necesita al menos 16 votos de sus 17 legisladores.
En el marco de un áspero debate interno, el senador oficialista Jorge Saravia, firmemente en contra de la propuesta, acusó a los diputados de dar un “golpe de Estado técnico”, mientras que su colega Ernesto Agazzi advirtió que en el FA “la construcción colectiva prima sobre las posiciones individuales”.
Sumándose a la polémica, el comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rosales, manifestó que, “como ciudadano”, cree que “se debe acatar y respetar el resultado de las urnas”. Por dicha declaración Rosales recibió ayer un apercibimiento en el grado de amonestación.
Al igual que la oposición –que se manifestó en pleno en contra del proyecto– los senadores que no están de acuerdo argumentan que implica ignorar la voluntad ciudadana, menos de un año después de que una iniciativa para anular la Ley de caducidad recibió una adhesión del 47%, cuando necesitaba más del 50% para su aprobación.