Correa, quien denunció la sublevación como un intento de golpe de Estado, extendió al viernes el estado de excepción, que vencía ayer, al acoger un pedido del Congreso. Este denunció falta de garantías al constatar sus directivos que “insurrectos” seguían a cargo de la seguridad del edificio.
La medida habilitó a los militares a cumplir tareas de la Policía, por lo que ayer unos 120 miembros de la escolta legislativa fueron relevados de sus funciones por cerca de 80 soldados.
“La Policía que estuvo aquí ha perdido toda mi confianza”, dijo el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien suspendió las sesiones hasta el jueves.
Cordero recordó que el Parlamento fue tomado por insubordinados durante la protesta que dejó 10 muertos y 274 heridos.
Los policías se sublevaron para exigir la derogatoria de una ley que eliminó beneficios para todos los servidores públicos, e incluso retuvieron a Correa en un hospital, donde se refugió tras ser agredido cuando intentaba aplacar a los manifestantes en un regimiento.
En paralelo, con la entrada en vigencia de la norma, el lunes el gobernante aumentó los sueldos para policías y militares en cuatro rangos, entre $400 y $540, como parte de una homologación salarial pendiente desde el 2008.
Tras la revuelta, Correa denunció un intento de golpe de Estado y asesinato, y responsabilizó al derrocado exmandatario Lucio Gutiérrez, quien negó la acusación.
“¡Que lo maten a Correa para que se acabe esto” y “¡Mátenlo, máten al presidente!”, son algunos de los mensajes que contiene un registro de media hora difundido por la agencia pública Andes.
“No le dejen salir a ese hijo de puta, primero que firme (las peticiones de la Policía) de ahí (que) salga; si no, sale muerto ese cabrón”, señala una voz sin identificar.
En la misma cinta se escucha a personas que coordinaban a los sublevados para enfrentar al Ejército, mientras otras llamaban al orden y a dejar salir al mandatario.
Entre tanto, el canciller Ricardo Patiño descartó que Estados Unidos impulsara el intento de golpe, apartándose de las denuncias de los presidentes de Venezuela y de Bolivia rechazadas por EE. UU.
Aun así, no descartó que “grupos de poder” estadounidenses, que evitó identificar, hayan participado, y llamó la atención sobre una unidad antidrogas de la Policía, entrenada por estadounidenses, que tomó el aeropuerto de Quito.