Desde el Gobierno, que cifró en 797.000 el número de manifestantes, el ministro de Trabajo, Eric Woerth, calificó la movilización de “bastante fuerte”, aunque “ligeramente más débil que en el 2003”, cuando se produjo la última reforma del sistema de pensiones en Francia.
Por su parte, el líder del primer sindicato del país CGT, Bernard Thibault, contabilizó 1,9 millones de ciudadanos congregados en los 200 puntos en que fueron convocados en todo el país, cifra muy próxima a los dos millones de personas reunidas en las dos huelgas históricas contra las anteriores reformas de las pensiones, en 1995 y 2003.
No obstante, los datos de los sindicatos superan las personas movilizadas por la misma causa el pasado 27 de mayo, cuando los representantes sindicales dijeron haber movilizado a un millón, frente a los 395.000 que contó la Policía.
El líder de la GGT aseguró que sería “sabio” que el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, renunciase a proseguir con su proyecto de ley, mientras que François Chérèque, máximo responsable del segundo sindicato, la CFDT, dijo que la movilización “muestra que el sentimiento de injusticia frente a esta reforma aumenta rápidamente”.
En las calles de París, la cifra de manifestantes osciló entre las 130.000 personas, a tenor de los sindicatos, y las 46.000, según la Policía, mientras que en otros grandes centros urbanos como Toulouse (sur) los datos se situaron entre las 60.000 y las 19.000 personas y en Marsella (sur) entre los 120.000 y los 14.500.
La reforma de las pensiones presentada por el Gobierno, que llegará al Parlamento después de agosto, contempla la elevación de la edad mínima de jubilación de los 60 años actuales a los 62, de forma progresiva entre 2011 y 2018.
Otro de los puntos más conflictivos es el aumento de la tasa de cotización de los funcionarios públicos del 7,85 al 10,55% para equipararse a la que pagan los trabajadores del sector privado.