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A protestor holds a muppet of Franco on January 24, 2012 during a demonstration in support of Spanish Judge Baltasar Garzon in front of the Spanish Supreme court in Madrid. About 200 supporters of Garzon gathered outside Madrid's Supreme Court as the case against him for ordering an investigation into the disappearance of 114,000 people during Spain's 1936-39 civil war and Franco's subsequent dictatorship started being heard. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (DOMINIQUE FAGET)
Garzón, juez español conocido internacionalmente tras ordenar en 1998 la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet, es acusado de prevaricación al abrir la pesquisa pese a la existencia de la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977, durante la transición a la democracia.
Dos asociaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, presentaron sendas querellas contra la actuación del juez, admitidas para trámite, y por las que ayer debió sentarse en el banquillo de los acusados.
El juicio comenzó en el Tribunal Supremo español en medio de una gran expectativa y la presencia de representantes de varias organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos que asisten como “observadores” y defienden al imputado.
La defensa de Garzón y la Fiscalía pidieron anular la causa y descalificaron la labor del juez instructor de esta, Luciano Varela, al que acusaron de tomar partido y perder su imparcialidad.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresnada, afirmó que el instructor “vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad” al sugerir la forma en la que el sindicato ultraderechista Manos Limpias, en el 2010, debía corregir los errores de su escrito de acusación contra el magistrado.
Garzón, que a su llegada al Tribunal fue recibido con aplausos y gritos de apoyo por simpatizantes, es juzgado por declarase competente para investigar, en virtud de la Ley de la Memoria Histórica aprobada en el 2007, las denuncias de asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo.
Sin embargo, el 18 de noviembre del 2008, el propio Garzón decidió inhibirse en la investigación que había lanzado un mes antes y que generó una fuerte polémica en España entre partidarios y detractores de esta.
El juez dijo entonces que dejaba de instruir la causa a falta de responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos permanecen y no prescribieron.
Garzón se declaró competente para llevar la investigación tras recibir las denuncias de familiares y al considerar que las desapariciones son delito de detención ilegal y encajan en el marco de crímenes contra la Humanidad.
El magistrado afrontó ayer el inicio de su segundo juicio solo una semana después de otra causa judicial, en la que se sentó en el banquillo en la misma corte por ordenar escuchas a los acusados en un caso de corrupción.
Ambos procesos son seguidos con gran expectativa dentro y fuera de España al implicar a un magistrado que fue durante muchos años el “juez estrella” de España, con investigaciones de gran repercusión sobre operaciones ligadas al narcotráfico y contra la organización terrorista ETA, además de la orden de arresto contra el exdictador chileno.
