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El Gobierno español busca fórmulas con la gran banca para rescatar económicamente a varias autopistas de peaje en quiebra y plantea la opción de fijar una rebaja del 50% de la deuda, que asciende a 4.600 millones de euros (6.342 millones de dólares).
Varias autopistas, entre ellas algunas con entrada y salida en Madrid, están en concurso de acreedores tras las fuertes pérdidas económicas sufridas como consecuencia de un tráfico menor del esperado y del sobrecosto de las expropiaciones, lo que convierte en los bancos prestatarios en acreedores.
El Gobierno propuso a la banca acreedora de las concesionarias de esas autopistas una reducción del 50% de la deuda y la posibilidad de crear un fondo de titulización que emitirá bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del uno por ciento.
Esta propuesta abarca además la creación de una sociedad 100% pública para aglutinar a las nueve concesionarias con problemas.
La ministra de Fomento española, Ana Pastor, advirtió hoy a quienes critican que el Estado se implique en buscar una solución a la quiebra de las autopistas de peaje que la alternativa a su planteamiento consiste en que el erario público herede de ellas una deuda de casi 5.000 millones de euros (6.890 millones de dólares).
La ministra dijo que con la fórmula propuesta "no se pone dinero de los ciudadanos. Al contrario, se hace una quita a los bancos, se hace una quita a todos los concesionarios y se crea una empresa pública".
Según Pastor, la solución propuesta por el Gobierno implica que el Estado "recupera esas carreteras que ha construido un tercero con su dinero" , y se evita tener que llevar al déficit público de España más de 5.000 millones de euros derivados de las deudas de los responsables privados de esas vías.
Durante la tarde de hoy estaba prevista una reunión en el Ministerio de Fomento con la gran banca y la patronal que agrupa a las constructoras y concesionarias, pero fue aplazada para dar más tiempo de análisis de las propuestas.
En relación con este asunto, el sindicato español UGT aseguró hoy que este pago es "preocupante" y tendrá efectos "negativos" para los ciudadanos.
Desde UGT piden que sean los bancos y las grandes constructoras las que asuman las pérdidas generadas por las autopistas.
El principal partido de la oposición (PSOE, socialista) manifestó su desacuerdo con la propuesta del Gobierno ya que entiende que daña a la reputación del sector español de concesiones y puede llegar a afectar a las empresas españolas en los concursos internacionales.
