Madrid. AFP. El grupo petrolero Repsol y el gobierno español intensificaron ayer la presión sobre Argentina al anunciar acciones legales contra toda empresa que invierta en la expropiada YPF y proponer a la UE continuar la negociación comercial con el Mercosur, sin tomar en cuenta a Buenos Aires.
“Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales contra cualquier inversor en YPF o sus activos ilegalmente expropiados a Repsol”, dijo el portavoz de la empresa, Kristian Rix, en un momento en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mantiene contactos con varias petroleras extranjeras en busca de inversiones.
El ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, viajó a Brasil la semana pasada para reunirse con representantes de Petrobrás en busca de inversiones en YPF, cuya expropiación del 51%, proveniente del paquete de la española Repsol (54,7%), se debatirá mañana en el Congreso federal.
Acompañado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, flamante subinterventor de la compañía e ideólogo de la expropiación, De Vido tenía previstas reuniones con directivos de las estadounidenses Chevron, Exxon y Conoco Phillips y la canadiense Talismán, entre otras, informó el órgano oficial que controla temporalmente YPF.
Al alegar una falta de inversiones en Argentina por parte de la petrolera española, la administración Fernández de Kirchner anunció el lunes trasanterior la renacionalización de YPF, privatizada en 1999. La decisión tensó las relaciones con España, cuyo gobierno respondió de momento con una limitación a la importación de biodiésel argentino, producto del que Argentina es uno de los principales proveedores del mundo y que, según datos del Instituto Español de Comercio, España compró en el 2011 por valor de 706 millones de euros.
Madrid busca asimismo presionar al ejecutivo de Kirchner en el plano internacional.