Madrid. EFE. La Justicia española reactivó ayer la investigación sobre acusaciones de torturas sufridas por cuatro detenidos de la prisión estadounidense de Guantánamo, en Cuba, entre el 2002 y el 2005, un expediente en el cual es citado el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush.
En su mandato, el Tribunal de la Audiencia Nacional le pide al Ministerio Fiscal pronunciarse “acerca de las personas contra quienes entienda pertinente dirigir la acción penal como presuntos responsables de los hechos objeto de investigación”.
El tribunal precisa que son citados en el procedimiento George W. Bush, el exvicepresidente Dick Cheney, el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld, el excomandante de la base de Guantánamo Michael Lehner y Geoffrey Miller, responsable de la detención y los servicios de inteligencia de la cárcel en la época de los presuntos hechos.
Asimismo, decidió “reiterar las comisiones rogatorias cursadas al Reino Unido y a Estados Unidos de América acordadas en fecha del 26 de mayo de 2009”, que no tuvieron respuesta.
La Audiencia Nacional había anunciado en febrero que se declaraba competente para investigar sobre el caso del marroquí Lahcen Ikassrien, afincado en España, que estuvo preso en Guantánamo.
La causa, que instruye Pablo Ruz, fue abierta hace casi tres años a raíz de la querella interpuesta por el español Hamed Abderrahman Ahmed y Ikassrien, quienes estuvieron detenidos en Guantánamo, contra Bush y otros altos cargos del Gobierno estadounidense.
Posteriormente, otros dos exdetenidos en Guantánamo –Abdul Latif al-Banna y Omar Deghayes– comparecieron en la causa.
Según Ruz, los hechos denunciados por los ex-presos pueden ser constitutivos de delitos de torturas y contra la integridad moral y de otros contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crímenes de guerra).
Ello lleva a “la afirmación de la jurisdicción española en la investigación de los hechos”, explicó Ruz, quien considera que se cumplen los requisitos exigidos por la ley, ya que existe un “vínculo de conexión relevante con España”, que la propia Audiencia Nacional reconoció expresamente en febrero del 2011 en el caso de Ikassrien, debido a su “arraigo” en el país.
Además, no consta “hasta el momento” ningún procedimiento en otro país “que suponga una investigación y una persecución efectiva de tales hechos punibles”, ya que, pese a los requerimientos, ni EE. UU. ni el Reino Unido han informado al juez, agrega Ruz. Otra investigación en España sobre Guantánamo, que dirigía otro magistrado, fue archivada el año pasado.