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España aprueba proyecto que impondría multas a quien realice protestas sin autorización

Actualizado el 11 de julio de 2014 a las 03:13 pm

Autoridades judiciales considera las manifestaciones un riesgo para la seguridad ciudadana

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España aprueba proyecto que impondría multas a quien realice protestas sin autorización

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En la gráfica, españoles marchan, en Madrid, contra el desempleo y la crisis social en que entró el país.
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En la gráfica, españoles marchan, en Madrid, contra el desempleo y la crisis social en que entró el país. (AP)

Madrid.

El gobierno español aprobó este viernes un controvertido proyecto de ley de seguridad ciudadana que prevé nuevas multas por celebrar manifestaciones no autorizadas, lo que ha provocado el rechazo de diversos colectivos.

Tras las advertencias de las autoridades judiciales españolas, el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy suavizó el texto inicial, pero mantuvo duras sanciones para las manifestaciones no autorizadas si se considera que hay un riesgo para la seguridad.

Diversas asociaciones críticas con la nueva ley la tildan de represiva, pero el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, insistió en que la nueva norma "está en condiciones de garantizar más y mejor la seguridad ciudadana al tiempo que lo hace con más seguridad jurídica y garantiza más y mejor (...) los derechos y libertades de los ciudadanos".

El ministro hizo estas declaraciones en la habitual rueda de prensa tras el consejo de ministros que aprobó el nuevo proyecto de ley, que ahora se enviará al Congreso para su voto, donde el gobernante Partido Popular (PP) cuenta con mayoría absoluta.

El nuevo texto prevé multas de hasta 600.000 euros (¢442 millones) para manifestaciones no autorizadas en infraestructuras públicas que puedan suponer un peligro para las personas o perturbar servicios públicos.

También se prevén multas de hasta 30.000 euros para concentraciones no autorizadas cerca de los parlamentos nacional o regionales, si se considera que suponen un serio riesgo para la seguridad.

Los últimos años de recesión y crisis económica llevaron a la multiplicación de manifestaciones en España, algunas de las cuales acabaron con serios enfrentamientos entre policías y manifestantes.

El gobierno afirmó en un comunicado que la ley solo busca "sancionar las acciones violentas, agresivas o coercitivas" y "protege expresamente el derecho de manifestación".

No obstante, algunas asociaciones se han mostrado en contra, como la organización Jueces para la Democracia, que cree que "se trata de una ley innecesaria, que no está justificada por la realidad social", mientras que Amnistía Internacional y Oxfam expresaron en un comunicado conjunto su "preocupación" por el nuevo texto.

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