Madrid. EFE La Policía española impidió la venta de nueve helicópteros de combate a Irán y material de guerra a Venezuela, en una operación en la que han sido detenidos los vendedores –cinco empresarios españoles– y tres ciudadanos iraníes que viajaron a España para formalizar la compra.
Según informó ayer la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, los detenidos también tenían previsto vender piezas y repuestos de las aeronaves de combate a Venezuela.
En la operación se incautaron en Madrid y Barcelona nueve helicópteros BELL-112, repuestos y diverso material de guerra, todo ello valorado en unos $140 millones.
Los helicópteros y repuestos estaban ocultos en unas bodegas industriales ubicadas en las poblaciones de Navas del Rey (Madrid), Sabadell y Tarrasa (Barcelona).
En las bodegas industriales, propiedad del consorcio de los españoles detenidos, preparaban su montaje y desmontaje antes de proceder a su venta y traslado a Irán y a Venezuela y aparentaban trabajar bajo la cobertura legal de actividades de reparación de aeronaves.
Uso militar. Los helicópteros de combate BELL-212, de fabricación estadounidense, son destinados al transporte militar de tropas y de material de guerra, desarrollan una velocidad de 230 km/h y una autonomía media de 600 km.
Las aeronaves de este tipo están controladas por la normativa comunitaria y española y su exportación está prohibida por la ONU.
Los empresarios españoles ofertaban dichas aeronaves contraviniendo las normas que regulan estas exportaciones, como dar cuenta e interesar a las autorizaciones de la Junta Interministerial Reguladora de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso.
Los investigadores conocieron la llegada a España de los compradores iraníes para cumplir los trámites documentales y económicos con los empresarios españoles y formalizar la venta, por lo que se desplegó un operativo para su detención.
De los ocho detenidos, cinco fueron en Madrid y tres en Barcelona, todos ellos acusados de delitos de tenencia y depósito de armas de guerra y de contrabando.
La Policía llevó a cabo tres registros en las naves de Sabadell, Navas del Rey y en unas oficinas empresariales de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz.
La operación, desarrollada por la Comisaría General de Información, sigue abierta.