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Juez empieza proceso

Embargarán bienes de yerno del rey de España

Actualizado el 27 de febrero de 2013 a las 12:00 am

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Embargarán bienes de yerno del rey de España

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                         Iñaki Urdangarin, duque de Palma, se dirige a un tribunal en Palma de Mallorca, para asistir, el sábado anterior, a una audiencia. | AP
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Iñaki Urdangarin, duque de Palma, se dirige a un tribunal en Palma de Mallorca, para asistir, el sábado anterior, a una audiencia. | AP

Palma de Mallorca, España. EFE. Un juez español dio ayer inicio a los trámites para el embargo de los bienes del yerno del rey de España, Iñaki Urdangarín, para cubrir la fianza civil de 8,1 millones de euros que se le impuso a raíz de su imputación en un caso de corrupción junto a su exsocio Diego Torres.

El juez José Castro, de un tribunal de Palma de Mallorca, islas Baleares, dictó una providencia para que la Agencia Tributaria española informe sobre las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de Urdangarin y Torres en el Instituto Nóos, en el que se centra el caso de corrupción.

Urdangarin y Torres deben responder a la fianza civil impuesta por el juez en este caso, donde se investiga el presunto desvío de 6,1 millones de euros de las administraciones regionales de las islas Baleares y Valencia (este) al citado Instituto sin ánimo de lucro, que estaba gestionado por ambos.

Fuentes jurídicas explicaron que en un proceso como este, lo primero que se procura para atender la fianza civil es conseguir dinero en efectivo de los imputados, y en una segunda fase se recurriría al embargo de sus bienes.

Además, el magistrado preguntará a la Agencia Tributaria si Urdangarin y Torres, así como sus esposas, se han acogido a la amnistía fiscal aprobada el pasado año por el Gobierno español.

En cuanto a la fianza civil solidaria de 8.189.448,44 euros (unos 10,9 millones de dólares), fue fijada por el juez el 30 en enero por las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran atribuirse a ambos en el caso Nóos.

La cantidad, que se ajusta a lo solicitado por la Fiscalía y la acusación del sindicato Manos Limpias, corresponde a los fondos públicos de las regiones de Baleares y Valencia percibidos por Nóos entre el 2004 y el 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se hace habitualmente en cálculos procesales.

Tanto el duque de Palma como su exsocio presentaron sendos recursos de reforma contra la fianza y rechazaron que el Instituto Nóos cometiera algún delito.

En su recurso, el abogado de Urdangarin calificó la fianza de “desproporcionadamente excesiva” porque crearía un “empobrecimiento injusto” al duque de Palma, quien se vería obligado a pagar importes ya abonados a Hacienda en concepto de IVA e IRPF, y además advirtió de que podría acudir al Tribunal Constitucional por considerar que se ha vulnerado su derecho de defensa en la instrucción.

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