Una de las principales herramientas es la aplicación de fuertes sanciones económicas contra los Zetas mexicanos, los Yakuza japoneses, la Camorra napolitana,y una organización de los países de la ex-Unión Soviética.
Esa estrategia responde al “creciente tamaño, alcance e influencia del crimen organizado transnacional y su impacto en la seguridad estadounidense e internacional, lo que lo convierte en una de los principales retos”, informó el presidente Barack Obama en la carta en la cual presentó oficialmente la iniciativa.
La entrega se realizó en un evento donde participaron los principales encargados de seguridad del Gobierno; entre ellos, la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano; el fiscal general, Eric Holder; el conocido zar antidrogas, Gil Kerlikowske, y el director de Inteligencia Nacional, James Clapper.
El decreto firmado por Obama bloquea todos los bienes en Estados Unidos o poseídos por ciudadanos estadounidenses en los cuales las organizaciones criminales internacionales tienen intereses.
También establece un nuevo plan de recompensas para capturar a los líderes criminales y crea un grupo para coordinar las acciones de las diferentes agencias de seguridad estadounidenses.
“Instamos a nuestros socios y aliados a secundar este compromiso y unirnos para construir un nuevo marco de trabajo para la cooperación internacional en la protección de todos nuestros ciudadanos”, solicitó Obama.
El crimen organizado obtiene ganancias anuales de entre $1,3 y $3,3 billones (entre 2% y 5% del PIB mundial) por lavado de dinero; entre $750.000 y $1 billón por narcotráfico y $500.000 millones por productos falsificados, según datos de la Casa Blanca.
En América Latina, las principales áreas de preocupación son México y América Central.
El Gobierno de México “lidera una histórica campaña contra las organizaciones criminales”, muchas de las cuales expanden sus actividades y trafican personas, armas y dinero, secuestran y extorsionan.