Tras impedir a los diputados opositores entrar en la Asamblea Nacional, grupos de seguidores de Ortega lanzaron bombas artesanales contra el hotel al que se trasladaron los legisladores para su sesión plenaria, en ausencia de los parlamentarios sandinistas.
En la reunión, los legisladores de oposición acordaron iniciar el proceso para anular un decreto presidencial, aprobado en enero, que prorroga el mandato de varios cargos de diferentes poderes del Estado, pese a que esa competencia es del Parlamento.
La directiva parlamentaria, integrada por siete miembros y con la ausencia de los legisladores sandinistas, envió la iniciativa a la Comisión de Justicia, confirmó el presidente de esa instancia, el liberal José Pallais, quien adelantó que convocará hoy a sus 12 integrantes para discutir el asunto.
“La meta que tengo es que esa iniciativa se discuta ante el pleno cuanto antes”, indicó Pallais, quien denunció haber sido agredido, junto a sus colegas liberales Óscar Moncada y Ulises Alfaro, por simpatizantes sandinistas que los atacaron con piedras y adoquines a la salida del hotel.
Por su parte, el presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, expresó a la prensa que el pleno celebrado en el hotel en medio del asedio de los simpatizantes de Ortega, “no tiene validez” porque la directiva del Legislativo no se puede “autoconvocar” en otro lugar, y que esa competencia le corresponde a él.
Los seguidores oficialistas, incluidos trabajadores del Poder Judicial encapuchados, también demandaron ante el hotel, donde se desplegó la fuerza antidisturbios, que la oposición acepte un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que el viernes pasado declaró legal el decreto.
La manifestación fue encabezada por los magistrados sandinistas Rafael Solís y Armengol Cuadra, cuyo período en esos puestos venció el 11 de abril pasado y que firmaron el fallo de la Corte Suprema, que los mantendrá en sus puestos, en una reunión celebrada en ausencia de los magistrados liberales.
Los magistrados liberales representan la mitad de los titulares de la Sala Constitucional.
La oposición desconoce dicho fallo porque Solís y Cuadra habían concluido el período para el que habían sido designados.
Los manifestantes se trasladaron en autobuses del Parlamento al hotel, situado a unos tres kilómetros, al enterarse de que los diputados opositores intentaban reunirse en ese lugar, y fueron desalojados del lugar por las fuerzas antidisturbios con bombas lacrimógenas.
El Parlamento nicaraguense funciona a medio gas desde octubre pasado, cuando comenzó a gestarse la actual crisis, después de que los magistrados sandinistas de la Corte Suprema declararon inaplicable para Ortega el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y limita a dos el número de mandatos.