En el conflicto, lleva cuatro años, ambos bandos dicen defender el interés público, pero pareciera que más bien protegen posturas cada vez más crispadas.
La ley busca, según el Gobierno, defender la pluralidad de voces en el mercado al obligar a desconcentrar la propiedad de los grandes medios.
Clarín y los medios críticos del oficialismo dicen que la verdadera intención de Fernández es desguazar al grupo, atentar contra la libertad de prensa y alentar la creación de un bloque de medios obsecuentes con el gobierno.
Quienes cuestionan a Clarín, en tanto, dicen que su lucha con Fernández ha afectado los estándares periodísticos del grupo.
Los dos artículos de la ley en debate obligan la venta de licencias que superan un límite y que, según Clarín, atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada.
Uno de los límites consiste en que ningún grupo puede tener más de 10 licencias de canales de televisión de aire, más de 24 de cable, ni más de tres licencias de radio por cada ciudad.
Quienes tengan un servicio de televisión por cable solo podrán tener una sola señal de TV abierta, mientras que los prestadores de televisión satelital no podrán tener más señales audiovisuales.
Para Roberto Guareshi, quien fue jefe de redacción del diario El Clarín entre los años 1990 y 2003, la norma está “hecha para perjudicar a Clarín y para permitir al Gobierno crear un grupo de medios propios”.