Sin certificado de defunción, la mayoría del millar de desaparecidos que dejaron los 17 años de dictadura de Pinochet están legalmente vivos. De hecho, 794 víctimas fueron convocadas a votar en las próximas elecciones municipales de octubre, tras la entrada en vigencia de una nueva ley que estableció la inscripción automática al padrón electoral de los mayores de 18 años.
A 20 de ellos incluso el Servicio Electoral (Servel) les despachó cartas donde se les notificó el lugar y la mesa en la cual deberían votar.
En un comunicado, el Servel explicó que el proceso se realizó de forma automática, al “no tener este Servicio la facultad de inscribir de oficio la defunción de una determinada persona”, en medio de un revuelo que dejó en evidencia el limbo legal en el que a casi 40 años del golpe están los desaparecidos en la dictadura de Pinochet (1973-1990).
“Para efectos legales, los detenidos desaparecidos están vivos”, explicó el diputado del Partido Comunista y abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez.
“Esta polémica demuestra que Chile no ha enfrentado como corresponde la desaparición forzada de personas”, agregó el jurista.
Esa condición tiene implicaciones prácticas, como no poder dejar constancia en el censo de población -que actualmente se lleva adelante– de que el esposo o el hijo permanecen desaparecidos.
Desde el punto de vista jurídico, al permanecer como desaparecidos se ha podido configurar el delito de “secuestro permanente”, que hasta no ser encontrada la víctima mantiene vigente el delito, sorteando la ley de amnistía que rige para los asesinatos cometidos entre 1973 y 1978, los años más cruentos de la dictadura.
A nivel civil existe la posibilidad de que un familiar solicite a un tribunal su “muerte presunta” si no ha tenido noticias de él durante algún tiempo, sin que sea necesario determinar sus circunstancias.
También de forma voluntaria e individual existe desde el año pasado la opción de acogerse a una norma que establece la “ausencia por desaparición forzosa” para resolver trámites como herencias.
Para la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, esa calificación es “insuficiente” y es necesario que la legislación establezca un estatus especial de “desaparición forzada” de personas. Un informe oficial de agosto de 2011 elevó a más de 40.000 las víctimas de ese régimen.