EscucharBogotá(DPA). El sacerdote Javier Giraldo y más de una treintena de integrantes de una organización defensora de derechos humanos en Colombia han sido espiados por el servicio secreto colombiano, denunció hoy un medio local.
La emisora Caracol Radio aseguró que en un expediente, que es analizado por tribunales colombianos, se hallaron evidencias sobre los seguimientos ilegales hechos en 2004 en contra del religioso, quien desde hace 30 años aboga por el respeto a los derechos humanos.
Asimismo, denunció que decenas de miembros del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), organización defensora de derechos humanos, fueron espiados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
"Llama la atención que el DAS adjuntó a sus investigaciones los registros migratorios del padre Javier Giraldo, entre 1960 y el 2004. Dentro del documento hay una fotografía del sacerdote y un listado de otros 32 investigadores del Cinep", indicó la emisora.
Giraldo, sacerdote jesuita e investigador de la organización, ha denunciado en reiteradas ocasiones ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas y vínculos irregulares entre militares y paramilitares.
Por su parte, el Cinep ha denunciado centenas de crímenes y asesinatos cometidos por el Ejército de Colombia, grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra la población civil desde 1990.
Las denuncias se dan en momentos en que Giraldo ha sido amenazado de muerte recientemente por desconocidos a través de grafitis en diferentes muros de Bogotá.
Ante los hechos, el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en un comunicado rechazó los grafitis y exhortó a la "Fiscalía General de la Nación para que adelante una pronta y efectiva investigación" sobre este caso.
Múltiples casos de espionaje ilegal han salido a la luz desde febrero de 2009, cuando una revista publicó declaraciones de ex funcionarios del DAS sobre escuchas ilegales y seguimientos a magistrados de altas cortes de justicia, líderes de la oposición, periodistas y defensores de los Derechos Humanos.
El presidente Alvaro Uribe ha negado reiteradamente que la instrucción de hacer estas tareas de espionaje, consideradas ilegales por no haber sido ordenadas por la justicia, haya sido emitida por el gobierno.
