EscucharGUATEMALA. acan-efe. Endurecer las penas contra los menores de 18 años que cometan delitos no contribuirá a reducir la violencia en Guatemala, donde a diario asesinan un promedio de 14 personas, coincidieron ayer organismos de derechos humanos.
El diputado del Partido Patriota (PP, gobernante), Gudy Rivera, propuso el lunes al Congreso una iniciativa para que los menores de entre 14 y 17 años, que ahora son inimputables penalmente, sean juzgados como adultos si son detenidos por algún delito.
Rivera plantea reformar el artículo 8 del Código Civil para que se declare la imputabilidad de los menores de 18 años y mayores de 14, siempre y cuando un juez determine que está en capacidad de comprender las consecuencias de sus actos. Además, propone que se aumente de 18 a 50 años las penas de prisión contra los adultos que faciliten medios o utilicen a menores de edad para delinquir.
Según el ministro del Interior, Mauricio López, los grupos delictivos se han dedicado a contratar y entrenar a menores de edad como “sicarios” debido a que la legislación guatemalteca contempla que los hechos cometidos por estos no pueden ser procesados como delitos penales.
Rechazo. La iniciativa de Rivera es considerada como “un paliativo” por opositores políticos, como Orlando Blanco, de la exgobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) , quien asegura que la medida se impulsa ante el fracaso de la política de seguridad.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, dijo ayer a periodistas que endurecer las penas contra los menores no es un disuasivo. En su opinión, la solución es trabajar en la prevención y no de una forma reactiva.
El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Guatemala también consideró ayer que hacer más duras las penas para menores infractores no contribuye a reducir la violencia ni los crímenes. Según el SNU, no se debe desviar la atención sobre el hecho de que los delitos cometidos por menores son un porcentaje bajo comparado con los de los adultos.
En opinión del SNU, los menores en conflicto con la ley son “víctimas” de violaciones a sus propios derechos en el país por falta de oportunidades de desarrollo que se les ofrece. Las ONU, apunta un comunicado, está dispuesta a apoyar los programas de prevención y la inversión en la niñez que sea víctima de la violencia.
