La ley ahora cuestionada fue aprobada en octubre de 2011 por el oficialista Frente Amplio (izquierda) con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a Uruguay juzgar los delitos de la dictadura .
“Lo que la Corte hace es declarar inaplicables dos artículos en un caso concreto. Ahora los jueces dirán de qué modo esa declaración de la Corte incide en cada proceso”, manifestó Raúl Oxandarabat, vocero de la Corte.
Tras la decisión judicial, el Frente Amplio, la central sindical Pit-Cnt y la agrupación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocaron a una concentración en silencio para el próximo lunes, “por verdad y justicia”. La dictadura militar uruguaya dejó como saldo 180 desaparecidos.