Con 12 votos a favor y tres en contra, el alto tribunal anuló parcialmente la norma e interpretó algunos de sus puntos, con un fallo que, esencialmente, deja a discreción de los jueces el evaluar en cada caso si existe o no un legítimo impedimento que justifique la ausencia del mandatario y los ministros de las vistas.
El mencionado tribunal puso fin al automatismo con el que los jueces debían aceptar el alegato de legítimo impedimento, siempre que el compromiso estuviera relacionado con las funciones del Gobierno, y que permitía aplazar una vista hasta seis meses.
En ambos procesos, Berlusconi se acogió a un “legítimo impedimento” para no acudir a las vistas, lo que llevó a los respectivos tribunales a pedir la intervención del Constitucional, al considerar que la norma violaba dos artículos de la Carta Magna.
A la espera de la decisión de ayer, también había quedado suspendida la audiencia preliminar en la que se iba a decidir si se enviaba a juicio al jefe del Ejecutivo por apropiación indebida y fraude fiscal en el llamado “caso Mediatrade”.
Desde distintos sectores se advierte que sobre dichos procesos pesa la sombra de la prescripción, puesto que algunos de los jueces encargados de los casos han cambiado de puesto o de tribunal, lo que podría suponer tener que reiniciar los juicios desde el principio.
Pese a esta sombra, el dictamen de ayer puede considerarse un nuevo revés al Primer Ministro italiano, como señaló la portavoz del opositor Partido Demócrata (PD), Anna Finocchiaro, quien señaló que “ha saltado la base de la ley”.
Desde Futuro y Libertad (FLI), que agrupa a parlamentarios que iniciaron esta legislatura dentro del partido de Berlusconi, el diputado Fabio Granata expresó su deseo de que el Primer Ministro no vuelva a arremeter ahora contra la magistratura, a la que en numerosas ocasiones ha tachado de ser un órgano de la izquierda.
Con la decisión de ayer, Berlusconi ve cómo se debilita el “escudo judicial” temporal (se aprobó por un período de 18 meses el pasado abril) a la espera de que el Parlamento diera luz verde a un nuevo “Lodo Alfano”, la ley que da inmunidad a los máximos altos cargos del Estado y cuyo primer texto fue invalidado en octubre de 2009.