“Para superar la crisis que vive el Ministerio Público, que no tiene certeza ni confianza, tomamos la decisión de ordenar que se repita el proceso. Es una decisión histórica”, dijo el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto.
El lunes, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Carlos Castresana, denunció que Reyes fue nombrado por el presidente, Álvaro Colom, para el puesto de fiscal general como producto de un pacto entre despachos de abogados con vínculos con adopciones ilegales y narcotraficantes. La designación de Reyes fue, entre otras, una de las razones para la dimisión de Castresana.
Castresana sigue al frente de la Cicig en tanto el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nombra un sucesor.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad se produjo después de una serie de peticiones de diversos sectores sociales guatemaltecos que demandaban a Colom la destitución del Fiscal General.
Molina indicó que ahora, tras la anulación del proceso, deberá integrarse la comisión de postulación para repetir el proceso de selección y presentar un nuevo listado al mandatario a fin de que este seleccione al nuevo fiscal.
Pidió a los miembros de la comisión postuladora que se abstengan de participar pues si ya emitieron un criterio y lo reiteraron, es mejor que no vuelvan a participar.
La ley guatemalteca manda que, además de contar con una serie de requisitos profesionales y de experiencia, los candidatos tengan reconocida honorabilidad. Esto último fue el punto de discordia durante todo el proceso de selección y motivó a que se presentaran amparos contra esa etapa debido a que una gran cantidad de los candidatos quedaron fuera al recibir tachas por parte de sectores sociales.
Tras conocer su destitución, Reyes declaró: “Mañana haré entrega del cargo a la persona que la Corte de COnstitucionalidad designó mientras se hace el nuevo proceso. Soy respetuoso de la ley”.
Los señalamientos de Castresana y su renuncia precipitaron una crisis en la que actores de la sociedad civil y la comunidad de derechos humanos pidieron a Colom la destitución de Reyes.
Además del señalamiento de vínculos con el crimen organizado, Castresana sostuvo que Reyes había destruido en 15 días de gestión más de 33 meses de trabajo de Cicig dentro del Ministerio Público.
Reyes, en tanto, pidió pruebas de los señalamientos que le hizo Castresana, quien a su vez ofreció entregarlos en breve.