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Los manifestantes llevan efigies que simbolizan a miles de víctimas muertas en la llamada guerra contra las drogas del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Quezón, al noreste de Manila, Filipinas (AP)
MANILA, Filipinas
El Congreso de Filipinas aprobó abrumadoramente el sábado un pedido del presidente para prolongar la ley marcial en el sur del país, a fin de ayudar a las tropas a sofocar un asedio de dos meses por parte de milicianos vinculados con el grupo Estado Islámico y amenazas extremistas similares en la región volátil.
La ley marcial de 60 días iba a expirar el sábado, pero con la aprobación legislativa seguirá vigente hasta el final del año.
El presidente de la Cámara de Representantes, Pantaleón Álvarez, anunció que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la solicitud del presidente Rodrigo Duterte en una sesión conjunta especial con una votación de 261 votos a favor y 18 en contra.
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El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Eduardo Año, advirtió durante la sesión que además de una insurrección en Marawi, grupos extremistas habían hecho planes de insurrecciones similares en otras ciudades del sur del archipiélago y que la ley marcial ha ayudado a las tropas a prevenir más ataques, incluso atentados con bomba.
"Tenían la orden de hacer su propia versión de Marawi en otras zonas, pero pudimos detener esto gracias a la ley marcial", dijo Año a los legisladores.
El secretario de Defensa, Delfín Lorenzana, restó importancia a los temores de posibles abusos por parte de las fuerzas armadas y dijo que no se han reportado violaciones graves de los derechos humanos desde que Duterte declaró la ley marcial para enfrentar la violencia en Marawi, la peor crisis durante su presidencia.
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Algunos opositores argumentaron que las fuerzas gubernamentales podrían combatir a los rebeldes en Marawi, un centro de fe islámica en el tercio sur de la nación mayormente católica, sin recurrir a la ley marcial. Otros expresaron preocupación de que la extensión fuera demasiado larga y de que el resto del país pudiera al final ser colocado también bajo ley marcial.
Grupos de activistas de izquierda se reunieron fuera del Congreso para protestar contra Duterte. Algunos desplegaron carteles en la sala del pleno, pero fueron expulsados por agentes de seguridad.
