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Congreso colombiano aprueba cuestionada reforma a fuero militar

Actualizado el 17 de junio de 2013 a las 12:00 am

Pese a los reclamos de la ONU y Human Rights Watch, la plenaria de la Cámara aprobó la iniciativa argumentando que no traerá impunidad en los proceso contra los militares.

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                         La Cámara de Representantes del Congreso colombiano aprobó el lunes en último debate un polémico proyecto de reforma constitucional que amplía el fuero militar. | AFP
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La Cámara de Representantes del Congreso colombiano aprobó el lunes en último debate un polémico proyecto de reforma constitucional que amplía el fuero militar. | AFP

Bogotá. (AFP). La Cámara de Representantes del Congreso colombiano aprobó el lunes en último debate un polémico proyecto de reforma constitucional que amplía el fuero militar, pese al rechazo de la ONU y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Al proyecto sólo le resta el trámite formal de la conciliación del texto entre las dos cámaras del Congreso para que finalice su paso por el Legislativo.

La Corte Constitucional escrutará posteriormente el proyecto de reforma para determinar si se ajusta a la Carta Magna y, en caso de que lo haga, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lo firmará para que entre en vigor.

Los 100 artículos del proyecto fueron aprobado por 103 votos a favor y seis en contra, tras un debate de más de ocho horas en la plenaria.

La coalición partidista del gobierno de Santos, que domina el Congreso, apoyaba la iniciativa del Ejecutivo, sólo rechazada por el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), único partido de oposición.

El representante de PDA, Iván Cepeda, un fuerte opositor al proyecto, dijo que su formación quería evitar el “desvertebramiento de la justicia” al votar en contra, y confió en que la Corte Constitucional lo “declare inconstitucional”.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, celebró la aprobación y aseguró a los legisladores que “han votado un proyecto que tiene toda la legitimidad y responde a los cuestionamientos internacionales”.

Además, afirmó que con el proyecto los llamados “falsos positivos2 (asesinatos de civiles por militares presentados como muertos en combate con grupos armados ilegales) “quedan excluidos para siempre de la justicia militar”.

También dijo que en el proyecto quedaron consignadas “reglas claras y estrictas que obligan a la fuerza pública a la hora de usar la fuerza legítima del Estado”.

Ante la inminencia de la aprobación del proyecto, la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su “preocupación” el viernes pasado.

La fiscalía investiga actualmente 1.295 de esos crímenes atribuidos al ejército, 26 a la policía y 12 a la Armada Nacional (Marina).

La ONU, además, considera que era “totalmente innecesaria esa reforma”, al señalar que "a pesar de que el sistema anterior no era perfecto, muchos de los problemas que han sido identificados por sus detractores podrían haber sido minimizados desde hace mucho tiempo".

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Al inicio de la votación, el ministro del Interior (Política), Fernando Carrillo, había instado a los representantes a hacer caso omiso de eso conceptos.

“La clave es que no se dejen llevar por lugares comunes que montaron algunos organismos internacionales en el sentido de que aquí se estaba abriendo la puerta a la impunidad”, dijo.

La organización estadounidense Human Rights Watch y ONG colombianas defensoras de los Derechos Humanos criticaron el proyecto asegurando que generaría impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares, dado el conflicto del país.

Colombia sufre desde hace casi medio siglo un conflicto armado interno en el que han participado guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha, organizaciones narcotraficantes y agentes de la fuerza pública, con unos 600.000 muertos y más de 3,7 millones de desplazados por la violencia.

Uno de los artículos que más polémica desató fue el denominado "Blanco legítimo", que involucra fácilmente a la población civil que muchas veces queda en medio del fuego cruzado, advirtió la representante del PDA, Ángela Robledo.

El artículo señala que "se entiende por 'blanco legítimo' la o las personas que forman parte de los grupos armados que cumplan una función directamente relacionada las actividades hostiles del mismo",

Según un reciente informe de la ONG Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), dependiente de la Compañía de Jesús, siguen los casos de "falsos positivos" pese a que el gobierno asegura lo contrario.

En 2102 se reportaron 20 casos de esos crímenes con un saldo de 52 víctimas, según ese informe.

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