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Congreso de Perú suspende 120 días a dos legisladores acusados de corrupción

Actualizado el 18 de junio de 2014 a las 02:48 pm

Una parlamentaria fue acusada por el director de un colegio estatal de haber presionado a esa institución para que aceptara la renovación de un contrato de publicidad con Punto Visual; mientras que el legislador mantuvo contratos con el Estado, a través de su empresa Copy Depot

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Lima.

El Congreso de Perú suspendió hoy, por 120 días,  a los legisladores Cenaida Uribe y Julio Gagó por presuntos actos de corrupción.

La suspensión de la oficialista Uribe fue aprobada por 60 votos, mientras que la de Gagó, del partido fujimorista Alianza por el Futuro, por 72 votos del pleno.

El presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, sustentó los informes que recomendaban la sanción para los congresistas tras una investigación de este grupo parlamentario.

Uribe es una exseleccionada de voleibol que llegó al Parlamento en el 2006 con el partido del presidente peruano Ollanta Humala y era una de las figuras del oficialismo en el Legislativo.

No obstante, la prensa local destapó este año su vinculación con la empresa de paneles publicitarios Punto Visual e información incorrecta en su hoja de vida.

Eldiputado Julio Gagó es investigado por actos de corrupción en Perú, al igual que la legisladora Cenaida Uribe.
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Eldiputado Julio Gagó es investigado por actos de corrupción en Perú, al igual que la legisladora Cenaida Uribe. (GDA)

La parlamentaria fue acusada por el director de un colegio estatal de haber presionado a esa institución para que aceptara la renovación de un contrato de publicidad con Punto Visual.

La legisladora ha negado su intervención en ese caso, pero la prensa también reveló que mantiene una relación sentimental con el gerente de la compañía de publicidad y que han viajado juntos al extranjero haciendo uso irregularmente de un pasaporte diplomático.

En el caso de Gagó, el Parlamento lo ha suspendido porque mantuvo contratos con el Estado, a través de su empresa Copy Depot, después de haber sido elegido congresista, lo cual está prohibido por la ley.

El informe de la Comisión de Ética será remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual tendrá que aprobarlo antes de poder ser enviado a la Fiscalía para una probable acusación penal.

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