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Más de 80 muertos en tres años en valle del Aguán

Conflicto por tierras tiende a agravarse en Honduras

Actualizado el 25 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

Labriegos culpan a terrateniente de muerte de abogado que los defendía

Disputa continúa sin solución desde que se reavivó a finales del 2009

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Conflicto por tierras tiende a agravarse en Honduras

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                         El féretro con los restos del abogado Antonio Trejo llegaba ayer a a un cementerio en Tegucigalpa. | AFP
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El féretro con los restos del abogado Antonio Trejo llegaba ayer a a un cementerio en Tegucigalpa. | AFP

Tegucigalpa. AFP. El violento conflicto de tierras entre campesinos y latifundistas, que ya deja más de 80 muertos en tres años en el valle del Aguán –600 kilómetros al noreste de Honduras–, no cesa y más bien tiende a agravarse, al tiempo que se incrementa la sensación de impunidad.

El sábado murió acribillado uno de los abogados de los pequeños agricultores y tres de estos resultaron heridos el domingo.

A la víctima, Antonio Trejo, un pastor de 41 años, lo atacaron pistoleros cuando salía de una iglesia evangélica donde había casado a una pareja, al sur de la capital, y murió en un hospital.

El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) denunció que el domingo guardias del terrateniente Miguel Facussé atacaron a varios campesinos e hirieron a tres de ellos; estos fueron llevados a un hospital de Tocoa.

Róger Pineda, portavoz de Facussé, dijo que “el abogado Trejo hizo acusaciones de que si algo le pasaba nos responsabilizaba a nosotros y a René Morales. Nosotros no resolvemos los problemas así, buscamos los tribunales”.

Los campesinos sostienen que la tierra les pertenece porque el Gobierno de Honduras se las asignó en los años 80 –mediante una reforma agraria–, y allí sembraron palma africana.

No obstante, en 1992 una ley permitió que vendieran sus parcelas y algunos directivos de ellos, a espaldas de los asambleístas, las vendieron a precios bajos a los terratenientes.

En diciembre del 2009, los campesinos ocuparon una media docena de fincas, con lo que se iniciaron los violentos desalojos, muchas veces con la participación de militares y policías.

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