El Parlamento británico celebró una sesión de urgencia para debatir si debe haber una investigación pública independiente sobre las prácticas de la prensa sensacionalista, y especialmente del semanario propiedad del conglomerado del magnate Rupert Murdoch, News Corp., después que el caso que inicialmente afectaba a figuras políticas y famosos, tomara un macabro giro.
La información sobre las presuntas escuchas de parientes de víctimas de los atentados suicidas de Londres apareció solo horas después de que el
Graham Foulkes, padre de un joven de 22 años fallecido en la explosión en la estación de Edgware Road, confirmó a la radio BBC que la Policía lo contactó para informarle de que su teléfono pudo haber sido intervenido.
“Mi esposa y yo (...) hablábamos con amigos por teléfono en un contexto muy personal y profundamente emocional, y la idea de que alguien pudiera estar escuchando eso buscando solo un titular barato, es horrorosa”, dijo tras recordar los días posteriores a la tragedia.
Otras posibles víctimas de las escuchas podrían ser los padres de dos niñas asesinadas en el 2002, Holly Wells y Jessica Chapman.
En su primera reacción desde la nueva polémica, Rupert Murdoch tildó de “deplorables e inaceptables” las acusaciones contra su popular semanario, y reiteró en un comunicado su respaldo a la dirección actual.
El
El redactor jefe por aquel entonces era Andy Coulson, quien dimitió en enero de su cargo de jefe de comunicación de David Cameron tras meses de presiones en relación con este escándalo.
La Policía confirmó ayer que recibió documentos con “información relacionada con presuntos pagos inadecuados a un pequeño número de agentes” por parte de periodistas del dominical, y que según la prensa se llevaron a cabo mientras Coulson dirigía la redacción.
Por otra parte, en su comparecencia ante el Parlamento, David Cameron se negó a respaldar los llamamientos a la dimisión de Rebekah Brooks, directora general de la filial británica de News Corp., News International.