EscucharLondres
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El primer ministro, David Cameron, dijo durante en la reunión del G-20 que Londres tiene nuevas pruebas de uso de armas químicas en Damasco. (AP)
La Cámara de los Comunes británica votó este jueves a favor de otorgar poderes al Gobierno de David Cameron para despojar de la ciudadanía británica a sospechosos de terrorismo nacidos fuera del Reino Unido.
Los diputados, por una mayoría de 297 votos frente a 34, aprobaron una enmienda de la ministra de Interior, Theresa May, al proyecto de ley de inmigración, presentada ayer a última hora en un esfuerzo por aplacar al sector "tory", que reclama medidas más duras en la nueva legislación.
Una vez que se apruebe la ley, esa modificación permitirá despojar de pasaporte británico a cualquier individuo naturalizado, pero nacido fuera de este país, que sea sospechoso de haber cometido una conducta "gravemente perjudicial para los intereses vitales del Reino Unido", según el Ministerio de Interior.
Además, los diputados rechazaron durante esta misma sesión en la Cámara de los Comunes, por 241 votos frente a 97, una controvertida enmienda presentada por el diputado conservador Dominic Raab, que ha generado debate en las últimas semanas.
Según esa enmienda, los delincuentes convictos nacidos en el extranjero que han cumplido en el Reino Unido más de un año de cárcel podrían ser deportados a su país de origen a menos que allí se enfrenten a amenazas de tortura o muerte.
Los detractores de esa iniciativa alegaban que ello podría contravenir la legislación europea.
Esa enmienda fracasó gracias a la oposición del Partido Laborista, primer grupo opositor, y a los liberaldemócratas, socios de los conservadores en la coalición de Gobierno.
Downing Street, residencia y despacho oficial de David Cameron, había anticipado una rebelión masiva de diputados "tories" , a los que ordenó abstenerse en la votación para evitar fricciones dentro del partido.
Más de 200 extranjeros convictos recurren cada año en este país a la legislación sobre derechos humanos para tratar de evitar su deportación y alrededor de un 90 por ciento se apoya en " el derecho a la vida privada y familiar " que establece la Convención Europea de Derechos Humanos.
