EscucharWashington. (AFP). Cincuenta y cuatro países, ninguno de ellos latinoamericano, colaboraron con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estableciendo prisiones secretas en su territorio tras los atentados del 11-S, señaló el martes una organización de derechos humanos que aprovechó para pedir una mayor responsabilidad a los gobiernos implicados.
El informe de la Open Society Foundation hace una lista exhaustiva de los países que colaboraron con Estados Unidos en lo que los críticos señalan como excesos cometidos por el gobierno del entonces presidente George W. Bush luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001.
Bush autorizó “ejecuciones extrajudiciales” –el traslado de personas sin el debido juicio– para permitir que las agencias de inteligencia estadounidenses y de otros países interrogaran a los supuestos extremistas, al margen de las garantías existentes en Estados Unidos.
La Open Society Foundation indicó que, según la evidencia recogida, las formas de asistencia abarcaron desde albergar prisiones de la CIA, interrogar sospechosos, abrir el espacio aéreo para vuelos secretos o la cooperación con los servicios de inteligencia.
Los países que colaboraron con el gobierno estadounidense en muchos casos son aquéllos que han luchado durante muchos años contra militantes islamistas dentro de su propio territorio, como Afganistán, Egipto, Pakistán y Arabia Saudita.
Según el informe, también figuran aliados cercanos de Estados Unidos, como Australia, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, España, Suecia, Turquía y Tailandia.
Sudáfrica también se encuentra en la lista, debido a las denuncias de que el gobierno de Pretoria habilitó al gobierno estadounidense para secuestrar a Saud Memon, paquistaní acusado de asesinar al periodista del Wall Street Journal Daniel Pearl.
La lista también incluye a Irán, señalando que a pesar de su limitada relación con Estados Unidos, Teherán entregó a Washington a 10 sospechosos –en su mayoría árabes– de manera indirecta, a través del gobierno de Kabul.
Las prisiones secretas de la CIA , donde estuvieron los cinco sospechosos detenidos actualmente en Guantánamo por los atentados del 11 de setiembre, se ubicaban en Tailandia, Rumania, Polonia y Lituania.
El informe identifica a 136 personas detenidas o transferidas por la CIA. Mientras algunos eran miembros de la organización Al-Qaeda, según el informe muchos otros fueron arrestados por error, en una amplia campaña antiterrorista llevada adelante por el gobierno estadounidense luego de los atentados del 11 de setiembre.
La organización llama a la responsabilidad tanto de Estados Unidos como de los gobiernos que colaboraron con él, señalando que “no hay duda” de que el gobierno de Bush autorizó violaciones de derechos humanos.
“Al llevar a cabo tortura y otros abusos relacionados con las detenciones secretas y ejecuciones extrajudiciales, (Estados Unidos) disminuye su autoridad moral y mina el apoyo a los esfuerzos contra el terrorismo que realiza en todo el mundo”, apunta el documento.
Pero señala que los otros países también son responsables. Sólo Canadá se ha disculpado por su rol en estos procedimientos, mientras que otros tres países –Australia, Gran Bretaña y Suecia– han ofrecido compensar a las personas particulares. Italia es el único país en donde un tribunal condenó a los responsables involucrados en estas operaciones.
El presidente, Barack Obama, ordenó la suspensión de los interrogatorios severos cuando asumió la presidencia en 2009. Pero la Open Society Foundations criticó a Obama por permitir continuar con las detenciones secretas y negarse a publicar los documentos relativos al programa de detenciones de la CIA .
La comisión de Inteligencia del Senado aprobó en diciembre un informe de 6.000 páginas sobre las tácticas de la CIA, pero el contenido es clasificado como secreto. La presidenta de la comisión, Dianne Feinstein, dijo que las detenciones secretas y las severas técnicas de interrogatorio eran “errores terribles”.
