La idea del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva es que los países participantes contribuyan al fondo con el 5% del dinero repatriado a sus respectivas naciones proveniente de delitos de corrupción.
El fondo sería administrado por las Naciones Unidas (ONU) y está previsto que si no hay adhesión de otros países sea cerrado en tres años. Según estimaciones oficiales, Brasil tiene alrededor de $3.000 millones para repatriar, lo que generaría una donación al fondo de $150 millones, en caso de que todo el dinero regrese al país.
La propuesta fue presentada oficialmente la semana pasada durante la reunión de la Comisión de Prevención del Crimen de la ONU realizada en Viena (Austria) y el proyecto de ley con los detalles de su creación se presentará el próximo semestre, indicó Favetti.
Según un estudio de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) divulgado hace 10 días, la corrupción podría costarle a Brasil hasta 38.700 millones de dólares por año.