Bogotá. AP. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cumplió el miércoles por la noche el primero de los compromisos que anunció al asumir el cargo el 1.° de enero: prohibir la portación de armas entre civiles para reducir los homicidios.
“La medida estará vigente del 1.° de febrero al 1.° de mayo. Luego, se evaluará su efectividad”, dijo Petro en la barriada El Amparo, en el sur de la ciudad, y considerada como de alta criminalidad.
Los únicos autorizados a portar armas en este período son los policías y militares en servicio activo o en retiro, los cuerpos de escoltas y seguridad que transportan valores, miembros de clubes de coleccionistas de armas, cazadores de animales y escoltas de diplomáticos, ministros, congresistas, magistrados, jueces, y fiscales.
“Fuera de ellos, cualquier otra persona que sea sorprendida con un arma, con o sin permiso para llevarla, se le incautará definitivamente”, afirmó el alcalde.
Bogotá, con una población de más de 7 millones de habitantes, registró el año pasado 1.632 homicidios, el 62,3% con armas de fuego.
El índice de homicidios en Bogotá fue en el 2011 de 21,5 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de otras grandes ciudades colombianas como Cali (77,9) o Medellín (70,3), antiguos bastiones de los carteles de la droga y donde aún proliferan las bandas criminales.
La decisión causa fuertes críticas de sus opositores, según los cuales, el alcalde ha atentado contra las libertades individuales.
En tanto, expertos en seguridad dudan de que la restricción merme la criminalidad, y resaltan que casi todos los homicidios en Bogotá implican armas ilegales. Alfredo Rangel, analista de la Fundación Seguridad y Democracia, considera que la medida no tiene nada que ver con los crímenes pues afirma que la gente que posee armas legales “no sale a asaltar bancos”.