Matamoros. AFP. Decenas de personas aguardaban ayer frente a la morgue de Matamoros (noreste de México) para saber si sus familiares desaparecidos están entre los 126 cadáveres rescatados recientemente en fosas clandestinas.
“Yo realmente ya no sé qué estoy buscando, ni a quién acudir, sólo vine hasta acá con la esperanza de encontrar el cuerpo de mi esposo que salió hace más un año de Guanajuato (centro) y no he sabido nada de él”, dijo Juani Manríquez, de 40 años, en la puerta de la morgue.
Desde entonces, la mujer espera la llamada telefónica que su marido prometió hacerle al llegar a la frontera norte, con tres amigos más, con quienes pretendía cruzar el río Bravo, línea divisoria entre Matamoros y la estadounidense Brownsville, para viajar a Miami y trabajar indocumentados.
Identificación. Pero las dificultades para identificar los cuerpos son muchas: desde falta de espacio para almacenar los cadáveres y realizarles los exámenes de ADN, hasta personal insuficientemente preparado para realizar los trabajos.
Al menos 57 personas de Guanajuato, uno de los estados mexicanos con mayor expulsión de migrantes, denunciaron en los últimos días ante la fiscalía de ese distrito la desaparición de sus familiares, informó ayer la prensa.
A ellos se suman los ciudadanos de al menos seis distritos que han expresado su intención de viajar a Matamoros para ver si sus familiares desaparecidos están entre los 126 cadáveres que desde el 1 de abril fueron extraídos de fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, vecino de Matamoros.
San Fernando es el mismo municipio donde en agosto de 2010 fueron masacrados 72 migrantes de Centro y Sudamérica.
El estado de Tamaulipas, donde se ubican Matamoros y San Fernando, es un distrito estratégico en la frontera entre México y Estados Unidos por ser el punto fronterizo menos lejano (1.000 km) de la capital mexicana.
Ubicado sobre el golfo de México, Tamaulipas tiene 15 cruces binacionales por los que se mueve más del 30% del comercio terrestre internacional de México con Estados Unidos de casi $300.000 millones anuales, y que lo atraviesan las principales rutas de migración clandestina y narcotráfico.