“Los jueces deliberaron por más de seis horas, analizaron los argumentos presentados por las partes y emitieron el fallo a la medianoche (del miércoles), dando validez suficiente a las pruebas y acusaciones”, dijo ayer una portavoz de la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Primero de Alto Riesgo basó su fallo en la investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que puso en evidencia la infiltración por el crimen organizado de las fuerzas de seguridad de este país.
Los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) William Pichinte, José González y Eduardo D'Aubuisson, y el chofer de estos, Gerardo Ramírez, fueron secuestrados, asesinados y luego incinerados el 19 de febrero del 2007 en una apartada zona del este de Guatemala.
Según el fallo, el móvil del múltiple crimen fue una “venganza” planificada y ordenada por el exdiputado salvadoreño Roberto Silva.
Silva contó con el apoyo del exdiputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, quien coordinó el crimen con un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala, y una banda de asaltantes y narcotraficantes que dirigía.
El abogado Fernando Linares, defensor de Castillo, dijo que apelará el fallo y agregó que pedirá que se escuche el testimonio de la fiscal costarricense Giselle Rivera, exfuncionaria de la Cicig que participó en la investigación, y quien dijo que el exjefe de esa comisión, Carlos Castresana, ordenó “ocultar” detalles del caso.