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Los saqueos en Argentina se extienden ya por 7 provincias y dejan cinco personas muertas. Todo se genera en una huelga de policías que exigen mejores salarios. (AP)
Argentina celebra este martes 30 años de democracia ininterrumpida en medio de los intentos de las autoridades para evitar nuevos saqueos de comercios y convencer a los policías acuartelados en reclamo de aumentos salariales que depongan su actitud.
Tres provincias -la sureña de Tierra del Fuego y las norteñas Tucumán y Santa Fe- son todavía escenario de cese de actividades de grupos de policías que exigen un aumento de sueldo. Ello hace temer que, ante la falta de vigilancia en las calles, se produzcan saqueos tal como ocurrió en otros puntos del país en la última semana en coincidencia con reclamos similares de agentes acuartelados.
Los desmanes, que el martes se produjeron en forma muy acotada en Tucumán, han causado entre 7 y 10 muertos, según datos preliminares de médicos, funcionarios y medios de comunicación.
La última víctima fue el subcomisario Cristian Vera que falleció el martes de un balazo en Resistencia, capital de la provincia norteña de Chaco, durante un violento saqueo, según dijo a la agencia Diarios y Noticias el director del Hospital Perrando de Resistencia, Cristian Obregón.
El jefe de gabinete Jorge Capitanich afirmó en rueda de prensa que " reclamos de esta naturaleza se merecen el repudio de todos " . " Los argentinos celebramos 30 años ininterrumpidos de la democracia garantizando la pluralidad de voces y eso significa desterrar el odio y la violencia " , señaló el funcionario.
El gobierno nacional conmemorará con un acto la restauración democrática de 1983 después de siete años de cruenta dictadura militar. Opositores, como el alcalde de la capital argentina Mauricio Macri, dijeron que el gobierno debió haber aplazado la celebración debido al escenario de violencia.
Por su parte, la Iglesia católica afirmó que "Argentina necesita con urgencia deponer actitudes que comprometen la seguridad y la paz social".
La presidenta Cristina Fernández no se refirió a los incidentes.
Aunque reconocieron que la policía no están bien pagada y que el crecimiento económico de los últimos años no se tradujo en mejoras en la distribución del ingreso, opositores y analistas expresaron su repudio por la actitud de los agentes de la mayoría de las 24 provincias de no garantizar la seguridad pública.
Tanto Capitanich como el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, que lo acompañaba en la rueda de prensa, repudiaron que los policías paralicen sus actividades para exigir un aumento salarial ya que no se puede dejar a la población "desprotegida".
Las autoridades afirman desde la víspera que bandas de delincuentes actuaron instigadas por uniformados acuartelados y que los saqueos no responden a una necesidad social.
"Se promocionaron saqueos en forma simultánea con grupos aparentemente organizados" , dijo el jefe de gabinete.
Agregó que la situación se ha normalizado en algunas provincias en las que las autoridades accedieron incrementar los salarios a los uniformados, como la de Buenos Aires, donde se elevó a 8.570 pesos (unos 1.380 dólares) el sueldo que cobra un policía apenas ingresa a la fuerza.
Los saqueos comenzaron hace una semana en la ciudad de Córdoba, unos 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, donde gran parte de la policía fue a la huelga, lo que derivó en el asalto de diversos negocios y casas particulares por decenas de personas. Después se produjo un efecto contagio a otros distritos del país.
"Esto no ocurrió por el hambre, actuaron bandas de delincuentes y luego hubo pillaje " de vecinos de clase media, dijo De la Sota. "Nos tiene que llamar a la reflexión. Hubo gente que no robó leche, sino latas de cerveza y (televisores) LCD que cargaban en camionetas", cuestionó el mandatario.
Los salarios de la policía son costeados por cada provincia, lo cual genera situaciones de disparidad. De la Sota dijo que los gobiernos provinciales deberían acordar una " pauta salarial nacional en materia de seguridad para que no haya desequilibrios".
El año pasado miembros de la Gendarmería (policía de fronteras) y de Prefectura (guardacostas) se acuartelaron en la capital argentina exigiendo mejores sueldos. La inflación anual según estimaciones privadas ronda el 25%, lo que obliga a repetidos ajustes de salarios.
